Nancy Yáñez y su último libro: “La gran minería podría ser la próxima industria del salmón”.
La abogada lanzó esta semana, junto al geógrafo Raúl Molina, la investigación "La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile", que concluye que las políticas públicas, económicas e incluso judiciales están hechas a la medida de las grandes compañías. Bajo esa premisa, las comunidades indígenas, su patrimonio cultural y sus ecosistemas los grandes damnificados de un paradigma que ve los recursos naturales como commodities y que puede colapsar del mismo modo que la industria salmonera.
La abogada lanzó esta semana, junto al geógrafo Raúl Molina, la investigación "La gran minería y el derecho de los indígenas en el norte de Chile", que concluye que las políticas públicas, económicas e incluso judiciales están hechas a la medida de las grandes compañías. Bajo esa premisa, las comunidades indígenas, su patrimonio cultural y sus ecosistemas los grandes damnificados de un paradigma que ve los recursos naturales como commodities y que puede colapsar del mismo modo que la industria salmonera.
Por Claudia Urquieta Ch.
Algo así como David y Goliat. Con la diferencia que la situación que describe el libro "La gran minería y los derechos de los indígenas en el norte de Chile", permite concluir que los grandes beneficiados con las políticas económicas y con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no son los más débiles.
Luego de varios años de investigación, la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo Raúl Molina, de El Observatorio Ciudadano, lanzaron el miércoles pasado un texto que sistematiza los casos y diagnostica los impactos de la gran minería en los territorios indígenas. Conflictos en los que son las grandes empresas las que llevan las de ganar, amparadas en el concepto de tratar los recursos naturales como una mercancía. Especialmente el agua.
Esta fórmula se ha instalado gracias a la Constitución del 80' y las reformas que han seguido en la misma línea durante los gobiernos de la Concertación , amén de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, donde no se excluye este recurso del mercado de bienes y servicios.
Según explica Yáñez, Chile es el país que va a la vanguardia en esto, ya que desde la perspectiva de la política económica el agua está al servicio de los procesos productivos industriales. Lo que choca con la realidad de las culturas indígenas y los ecosistemas donde viven.
Pero también ha contribuido a la desprotección de las comunidades autóctonas la delegación que el Estado ha instaurado en los conflictos "entre privados". Y en la falta de estándares legales y pisos mínimos en que deberían darse los procesos de negociación y participación de proyectos mineros en estos territorios.
-Según lo que observaron ¿cuáles son las mayores falencias del sistema que juega en contra de los derechos de los pueblos indígenas?
-Lamentablemente, en Chile los controles ambientales se han ido flexibilizando y lo que ha demostrado esta investigación es que en general la participación ciudadana que se lleva adelante en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no constituye un mecanismo de consulta apropiado para recabar el consentimiento de las comunidades. Por el contrario, en la mayoría de los casos -con la sola excepción de Pampa Colorada-, los proyectos se llevan adelante en contra de la voluntad expresa de las comunidades.
-¿Y qué rol juega el Estado en esto?
-En ese mismo marco observamos que el Estado ha abandonado su rol regulador, que es el que le permite ser el gestor del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto favorece procesos de negociación privados en estos conflictos, lo que ha dejado la puerta abierta para que las empresas en general intenten coaptar las voluntades y por esa vía fragmenten los movimientos sociales a través de los cuales las comunidades se oponen a estos proyectos. Y no son pocos los casos en que mediante el pago a dirigentes o miembros de la comunidad se concita la aprobación del proyecto y se generan disputas internas que afectan la integridad cultural de las comunidades.
-¿Algo así como lo ocurrido con Pascua Lama, en que se habla de la entrega de 60 millones de dólares a particulares para quebrar la oposición al proyecto de Barrick Gold?
-Sí. En este caso la negociación no se hizo con la comunidad, sino con la junta de vigilancia, por lo tanto con los agroindustriales del Valle del Huasco. O sea quienes reciben 60 millones de dólares como producto de eventuales compensaciones por los daños ambientales futuros son los que tienen mayor cantidad de derechos de agua en la cuenca del río Huasco, no los pequeños propietarios agrícolas.
Además, la empresa ha intentado coaptar voluntades individuales al interior de la comunidad, y ha intervenido los procesos sociales para generar adhesiones a través del ofrecimiento de proyectos de desarrollo social dependientes del municipio. E incluso tuvo una participación directa apoyando a la candidata a alcalde que finalmente salió electa.
-Esto suena como a un pequeño feudo.
-La verdad es que esto se observa en casi todos los territorios mineros. Si hay algo que constata esta investigación es que ahí donde operan las mineras lo que se genera es una especie de feudo, donde el Estado se retira para dar paso a quienes ejecutan estos proyectos y donde apelan a la responsabilidad social empresarial para resolver las necesidades de las comunidades locales. Y esa responsabilidad social empresarial en el caso chileno es una que ni siquiera alcanza niveles mínimos.
-¿Estas prácticas caen en la ilegalidad?
-No. Se ha construido una legalidad que sustenta este modelo. Y está fundada en la Constitución del ‘80, que sienta las bases de esta fórmula económica que ha sido perfeccionada a través de las leyes sectoriales, como el Código de Aguas o el Código de Minería durante la dictadura. Y en los gobiernos de la Concertación esto se ha ido consolidando a través de reformas.
El subsidio a las mineras
-¿Cómo interpreta que el Estado se repliegue del asunto dejándolo en manos de las empresas mineras?
-Es grave. Estimamos que la política pública, particularmente la económica, se ha estructurado sobre la base de generar bienestar a través del crecimiento económico. Y ha determinado estratégicamente que esto se garantiza por la vía de poner a disposición del mercado de bienes y servicios los recursos naturales, que son tratados como commodities o mercancías.
Esto, además de flexibilizar los controles ambientales ha abierto este mercado de bienes a la inversión, fundamentalmente a la extranjera, con pocas regulaciones. Lo que ha redundado en un empobrecimiento de las comunidades locales.
-Y las grandes beneficiadas de esto son las mineras.
-Sí. Desde una perspectiva de crecimiento, los beneficios que el modelo chileno ha otorgado a la gran minería han evidenciado que por la vía de las exenciones tributarias o de pago de patente, específicamente en el caso del agua -que se constituye de forma gratuita y perpetua-, finalmente ha subsidiado a las empresas mineras. Lo que no se condice con lo que éstas reportan a la economía nacional, si uno considera los impactos que esto viene generando en amplios territorios, fundamentalmente las economías locales. De hecho, si uno mira la redistribución del royalty minero la mayoría se concentra en Santiago. Y a la segunda región, que es la que recibe la mayoría de estos impactos, apenas le queda un 2 o 3 por ciento de ese dinero.
Minería: la próxima industria del salmón
-¿De qué forma afecta esta situación a los pueblos indígenas?
-En el proceso de desintegración cultural que está generando. De hecho se observan procesos de despoblamiento por falta de agua.
Además, enfrentan frustración y discriminación, fundamentalmente del Poder Judicial. No se encuentran en condiciones de igualdad para poder defender sus derechos en relación con las empresas mineras. Todo esto genera una situación de desesperanza aprendida. Porque a la larga sienten que el asunto se va a aprobar sí o sí, por lo que se ven forzados a aceptar las condiciones de negociación que las empresas les imponen.
-¿Ve voluntad política para lograr cambios en esta realidad?
-No. No obstante la fuerza de los hechos debiera cambiar esta estrategia. Sobre todo al ver cómo la misma industria por falta de regulaciones termina comprometida. El caso del salmón es emblemático al respecto y la gran minería podría ser la próxima industria del salmón.
Esto, por cierto, si al cabo de 10 años, con calentamiento global de por medio, no existen aguas en el territorio chileno que te permitan desarrollarla.
Algo así como David y Goliat. Con la diferencia que la situación que describe el libro "La gran minería y los derechos de los indígenas en el norte de Chile", permite concluir que los grandes beneficiados con las políticas económicas y con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no son los más débiles.
Luego de varios años de investigación, la abogada Nancy Yáñez y el geógrafo Raúl Molina, de El Observatorio Ciudadano, lanzaron el miércoles pasado un texto que sistematiza los casos y diagnostica los impactos de la gran minería en los territorios indígenas. Conflictos en los que son las grandes empresas las que llevan las de ganar, amparadas en el concepto de tratar los recursos naturales como una mercancía. Especialmente el agua.
Esta fórmula se ha instalado gracias a la Constitución del 80' y las reformas que han seguido en la misma línea durante los gobiernos de la Concertación , amén de los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, donde no se excluye este recurso del mercado de bienes y servicios.
Según explica Yáñez, Chile es el país que va a la vanguardia en esto, ya que desde la perspectiva de la política económica el agua está al servicio de los procesos productivos industriales. Lo que choca con la realidad de las culturas indígenas y los ecosistemas donde viven.
Pero también ha contribuido a la desprotección de las comunidades autóctonas la delegación que el Estado ha instaurado en los conflictos "entre privados". Y en la falta de estándares legales y pisos mínimos en que deberían darse los procesos de negociación y participación de proyectos mineros en estos territorios.
-Según lo que observaron ¿cuáles son las mayores falencias del sistema que juega en contra de los derechos de los pueblos indígenas?
-Lamentablemente, en Chile los controles ambientales se han ido flexibilizando y lo que ha demostrado esta investigación es que en general la participación ciudadana que se lleva adelante en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no constituye un mecanismo de consulta apropiado para recabar el consentimiento de las comunidades. Por el contrario, en la mayoría de los casos -con la sola excepción de Pampa Colorada-, los proyectos se llevan adelante en contra de la voluntad expresa de las comunidades.
-¿Y qué rol juega el Estado en esto?
-En ese mismo marco observamos que el Estado ha abandonado su rol regulador, que es el que le permite ser el gestor del proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto favorece procesos de negociación privados en estos conflictos, lo que ha dejado la puerta abierta para que las empresas en general intenten coaptar las voluntades y por esa vía fragmenten los movimientos sociales a través de los cuales las comunidades se oponen a estos proyectos. Y no son pocos los casos en que mediante el pago a dirigentes o miembros de la comunidad se concita la aprobación del proyecto y se generan disputas internas que afectan la integridad cultural de las comunidades.
-¿Algo así como lo ocurrido con Pascua Lama, en que se habla de la entrega de 60 millones de dólares a particulares para quebrar la oposición al proyecto de Barrick Gold?
-Sí. En este caso la negociación no se hizo con la comunidad, sino con la junta de vigilancia, por lo tanto con los agroindustriales del Valle del Huasco. O sea quienes reciben 60 millones de dólares como producto de eventuales compensaciones por los daños ambientales futuros son los que tienen mayor cantidad de derechos de agua en la cuenca del río Huasco, no los pequeños propietarios agrícolas.
Además, la empresa ha intentado coaptar voluntades individuales al interior de la comunidad, y ha intervenido los procesos sociales para generar adhesiones a través del ofrecimiento de proyectos de desarrollo social dependientes del municipio. E incluso tuvo una participación directa apoyando a la candidata a alcalde que finalmente salió electa.
-Esto suena como a un pequeño feudo.
-La verdad es que esto se observa en casi todos los territorios mineros. Si hay algo que constata esta investigación es que ahí donde operan las mineras lo que se genera es una especie de feudo, donde el Estado se retira para dar paso a quienes ejecutan estos proyectos y donde apelan a la responsabilidad social empresarial para resolver las necesidades de las comunidades locales. Y esa responsabilidad social empresarial en el caso chileno es una que ni siquiera alcanza niveles mínimos.
-¿Estas prácticas caen en la ilegalidad?
-No. Se ha construido una legalidad que sustenta este modelo. Y está fundada en la Constitución del ‘80, que sienta las bases de esta fórmula económica que ha sido perfeccionada a través de las leyes sectoriales, como el Código de Aguas o el Código de Minería durante la dictadura. Y en los gobiernos de la Concertación esto se ha ido consolidando a través de reformas.
El subsidio a las mineras
-¿Cómo interpreta que el Estado se repliegue del asunto dejándolo en manos de las empresas mineras?
-Es grave. Estimamos que la política pública, particularmente la económica, se ha estructurado sobre la base de generar bienestar a través del crecimiento económico. Y ha determinado estratégicamente que esto se garantiza por la vía de poner a disposición del mercado de bienes y servicios los recursos naturales, que son tratados como commodities o mercancías.
Esto, además de flexibilizar los controles ambientales ha abierto este mercado de bienes a la inversión, fundamentalmente a la extranjera, con pocas regulaciones. Lo que ha redundado en un empobrecimiento de las comunidades locales.
-Y las grandes beneficiadas de esto son las mineras.
-Sí. Desde una perspectiva de crecimiento, los beneficios que el modelo chileno ha otorgado a la gran minería han evidenciado que por la vía de las exenciones tributarias o de pago de patente, específicamente en el caso del agua -que se constituye de forma gratuita y perpetua-, finalmente ha subsidiado a las empresas mineras. Lo que no se condice con lo que éstas reportan a la economía nacional, si uno considera los impactos que esto viene generando en amplios territorios, fundamentalmente las economías locales. De hecho, si uno mira la redistribución del royalty minero la mayoría se concentra en Santiago. Y a la segunda región, que es la que recibe la mayoría de estos impactos, apenas le queda un 2 o 3 por ciento de ese dinero.
Minería: la próxima industria del salmón
-¿De qué forma afecta esta situación a los pueblos indígenas?
-En el proceso de desintegración cultural que está generando. De hecho se observan procesos de despoblamiento por falta de agua.
Además, enfrentan frustración y discriminación, fundamentalmente del Poder Judicial. No se encuentran en condiciones de igualdad para poder defender sus derechos en relación con las empresas mineras. Todo esto genera una situación de desesperanza aprendida. Porque a la larga sienten que el asunto se va a aprobar sí o sí, por lo que se ven forzados a aceptar las condiciones de negociación que las empresas les imponen.
-¿Ve voluntad política para lograr cambios en esta realidad?
-No. No obstante la fuerza de los hechos debiera cambiar esta estrategia. Sobre todo al ver cómo la misma industria por falta de regulaciones termina comprometida. El caso del salmón es emblemático al respecto y la gran minería podría ser la próxima industria del salmón.
Esto, por cierto, si al cabo de 10 años, con calentamiento global de por medio, no existen aguas en el territorio chileno que te permitan desarrollarla.
1 comentario:
ENEMIGOS DE HUGO CHÁVEZ, AMIGOS DE LUGO
El requisito para ser aliado de Fernando Lugo, curioso izquierdista, al parecer es ser enemigo de la izquierda y de Hugo Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales
La SIP, la NED, USAID, la embajada norteamericana, todos los enemigos del socialismo y de Hugo Chávez, Ortega y Morales, se cuentan entre amigos y aliados de Fernando Lugo.
Una y otra vez la prensa mediática, dominada por los sapos imperialistas de la SIP, se empeña por incluir a un verdadero polizonte en la izquierda, el clérigo-presidente Fernando Lugo, en la nómina de gobernantes de izquierda.
Sin embargo, en muchas oportunidades varios referentes del socialismo, no vendido al opio de la izquierda constituida por las ONG, han dejado en claro que el gobierno de Lugo de izquierda no tiene nada.
El gobierno se niega a incrementar salarios, ignora a indígenas y se burla de los campesinos, la violencia de género aumenta como el exilio económico y los niños de la calle, mientras el dengue causa estragos.
Se sabe que el de Lugo es un gobierno con un ministro de economía neoliberal y agente del FMI (Dionisio Borda) y con un gabinete integrado por personajes vinculados a IAF, NED, USAID, etc.
Sin embargo, a fuerza de repetir la misma izquierda ha llegado a compartir este verdadero mito difundido por la prensa de ultraderecha. ¿Qué oscuros intereses hay detrás de la intención de presentar como izquierdista a un gobierno conservador y vendido a la U.S.Embassy?
LA SIP
El Obispo Fernando Lugo apareció el fin de semana pasado departiendo eufórico con los más acérrimos enemigos de Hugo Chávez, los jerarcas de la SIP.
Su fotografía junto al director de "El Nacional" despertó contrariedad en algunos medios chavistas que incluso lo calificaron de "Obispo Monstrenco" (Torpe en venezolano).
La SIP se suma a USAID y la NED entre los organismos que tienen una actitud con Hugo Chávez, y otra totalmente opuesta -favorable- con Fernando Lugo.
IZQUIERDA GESTADA EN LA EMBAJADA NORTEAMERICANA
La totalidad los integrantes del gabinete del obispo Fernando Lugo provienen del sector de las ONGs financiadas por la embajada norteamericana. Se cuentan entre ellos a Gloria Rubín (referente en Paraguay del NED y la CIA), Camilo Soares (beneficiario de fondos de IAF y NED, favorecido del gobierno de George W. Bush) Rafael Filizzola (signatario de acuerdos con Alvaro Uribe a instancias de la ex operadora del plan Colombia Liliana Ayalde), Karina Rodríguez (de la Casa de la Juventud, que recibió 127 mil dólares de la Inter American Foundation), Liz Torres (referente de las logias de ONGs dependientes de la embajada norteamericana), Esperanza Martínez (del movimiento Tekojojá, financiado por USAID, hoy envuelto en escándalo por corrupción), Canciller Hamed Franco (del Pmas, un movimiento financiado por James Cason), el Vice-canciller Jorge Lara Castro (recibe dólares de la embajada a través de la ONG fantasma Alter Vida), Ministro de Defensa General Bareiro Spaini (hombre de la embajada norteamericana, educado en las escuelas de golpistas de Estados Unidos) o el ministro de Hacienda Dionisio Borda, antiguo responsable de las finanzas de los gobiernos corruptos y agente de la embajada norteamericana y del FMI.
Asimismo, Fernando Lugo ha anunciado que se mantendrá la política de sometimiento al imperio nortemericano en Paraguay, y se desconoce lo tratado por Lugo en New York con referentes de la mafia ítalo-norteamericana como John Tonelli, o con el heredero del imperio petrolero que en la década de 1930 llevó a la matanza a cien mil bolivianos y paraguayos, David Rockefeller. Lo único cierto es que ofició de guía turístico en la gran manzana Conrado Pappalardo, un personaje conocido por haber operado para el Plan Cóndor y haber proveído pasaportes para el asesinato en Washington de Orlando Letelier.
Otros cónclaves nunca aclarados por parte del obispo fueron sus reuniones con James Cason y Roger Noriega, pocos segundos después que Aleida Guevara March, hija del Che Guevara, haya abandonado la misma oficina por la misma puerta por la que entraron estos grandes amigos de Cuba y los hermanos Castro.
No se sabe el motivo de las visitas de Christopher McMuller, subsecretario norteamericano de Asuntos del Hemisferio Occidental, al viceministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Jorge Lara Castro, un viejo favorecido de la embajada norteamericana, quien ya habla de alejarse del Mercosur.
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