Por Gustavo Paredes
Director boletin Extrema Pobreza
La colombiana Piedad Cordova, el argentino Atilio Boron, los chilenos Francisco Villa y Pablo Sepulveda Allende, entre otras diversas personalidades de latinoamerica, firmaron recientemente una declaración de rechazo al informe Bachelet sobre Venezuela. "Si los factores externos no se tienen en cuenta al analizar la situación entonces es una visión limitada, que no da cuenta de la responsabilidad de la comunidad internacional en la crisis de Venezuela" indica en resumen la declaración que, también recomienda a la comisionada de la ONU, se pronuncie sobre los centros de detención de emigrantes en la frontera mexicano-norteamericana y las crisis en Honduras y Yemen donde mueren diariamente decenas de personas producto de la represión y la guerra. Tampoco se ha preocupado la alta comisionada Bachelet de los constantes asesinatos a defensoras y defensores de Derechos Humanos tanto en Colombia como en Chile, donde ya hay una lista de 6 dirigentes en los últimos 5 años, que han fallecido en extrañas circunstancias en nuestro país. El caso de Marcelo Vega (47 años), pescador y activista medioambiental que fue encontrado muerto ahogado en el Rio Lingue, a metros de su camioneta el 31 de enero, quien lideraba la oposición a un ductor de desechos químicos de la Celulosa Arauco, se suma a otros activistas medioambientales, dirigentes sindicales y líderes de pueblos originarios, que han resultado extrañamente muertos en los últimos seis años.
La lista incluye a Karina Valdés, activista contra la trans-nacional "RP Global", que fue encontrada ahorcada junto a su hijo; el ambientalista Alejandro Castro, colgado de su mochila en la vía férrea, pocas horas después de una movilización en el 2018; el dirigente sindical de la repetida Papelera Arauco, Alex Muñoz, colgado en su casa en Enero del año 2012 o el caso del dirigente sindical pesquero de Quintero Juan Pablo Jimenez, sindicalista de obreros sub-contratados, muerto por un tiro en la cabeza en la calle, cuando volvía de una reunión donde negociaba colectivamente. Se suma el caso de Rodrigo Mondaca, dirigente luchador por el derecho al agua en Petorca, que tiene interpuestas reiteradas denuncias en tribunales, por amenazas de muerte en su contra.
Esos casos de derechos humanos junto a las victimas de la violencia política desatada por la derechista oposición al "régimen" bolivariano en las guarimbas y los intentos de golpes de estado en Venezuela y Nicaragua, ¿no ameritan un informe y una condena de la alta comisionada de la ONU?
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