Corrupción y Justicia
La piedra en el zapato
Por José Tomás Peralta
y Gustavo Paredes
La principal pauta noticiosa mediática, presentada la primera semana de junio del 2024, venia siendo gestada en una caja de resonancia desde antes del año 2023, mucho antes de iniciada la investigación por cohecho en contra del Alcalde de Recoleta, ex candidato presidencial de la coalición Apruebo Dignidad PC-FA.
Las indagaciones de la Fiscalía Centro Norte de Santiago, por supuestos hechos de corrupción debido a una presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA., Empresa que, en medio de la pandemia de corona virus, proveía a sobre precio, mascarillas e insumos médicos a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Para preparar la formalización se instruyó a la Fiscal Giovanna Herrera realizar las indagatorias y tomar testimonio de los involucrados y seguir los pasos investigativos necesarios, a fin de que la persecutora adoptara una decisión judicial en torno a la participación del Alcalde Daniel Jadue en los hechos indagados. Dicha investigación llevada a cargo por la fiscal, cercana al oficialismo como cónyuge del ex fiscal regional Centro Norte y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes, quien además es hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, militante del Partido Socialista, se basó en la investigación desde el año 2021, usando descuidos y errores administrativos, además del reconocimiento de actos dudosos de Matías Muñoz, secretario de la Achifarp, encargado de los contratos entre el municipio de Recoleta y la empresa Best Quality, autorizada por la Asociación industrial de Laboratorios y Farmacéuticas Asilfa, para proveer los insumos médicos a la Achifarp y de paso, mantener los costos del negocio de los medicamentos, que comenzaba a verse amenazado por las farmacias Populares… por lo tanto, había que destruir el capital político de Daniel Jadue.
Politica y Guerra Jurídica
Terminada la guerra fría, con los Estados Unidos recuperando su hegemonía en la nueva época de la uní polaridad, desde el Pentágono se modifican las formas de mantener el control sobre Latinoamérica por vías de apariencia democrática, sin contrapeso en el quinto poder y con los medios de comunicación de masas en manos privadas, comienza a tomar el control político de su “patio trasero”, manejando también el control del poder judicial por medio de las elites dirigentes del neoliberalismo.
El Lawfare, que surge de este control, es una utilización de la acción penal con fines políticos, que busca cancelar políticamente a una persona con proyecciones de posicionamiento, que amenacen los intereses de los grandes monopolios transnacionales... Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Lula Da silva, Fernando Lugo, Jesús Santrich, Rafael Correa, Jorge Glas, Jorge Lavandero… todos ellos han sido objeto de esta estrategia que los inmoviliza políticamente, para evitar que los intereses corporativos del imperio económico se vean amenazados por lideres considerados “peligrosos para la seguridad del Estado”.
A mediados de la década de los 80, adaptando la industria farmacéutica a la nueva normativa legal sobre patentes, un grupo de laboratorios chilenos decidió formar una asociación gremial que fuese capaz de asegurar la producción, el abastecimiento de medicamentos y la mantención del negocio privado, garantizando con esto un mayor nivel de eficiencia junto al control de precios en la “libre competencia”. Surge así, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, ASILFA, con el objetivo de promover el desarrollo del sector a nivel local, con diez empresas controlando el mercado interno.
- Laboratorio Andrómaco Ltda. (Norberto Bilbeny Polonio)
- Laboratorio Benguerel Ltda. (Norberto Bilbeny Polonio)
- Laboratorio Bioquímico Beta S.A. (José Luis Horacio Corvillón Sánchez)
- Instituto Farmacéutico Labomed S.A. (Mario Martínez Ahumada)
- Laboratorio Profarma S.A. (José Antonio Plubins Romeo)
- Laboratorio Recalcine S.A. (Alejandro Kostia Nicolás Weinstein Crenovich)
- Laboratorio Sanderson S.A. (Rafael Echeverría Bascuñán)
- Laboratorio Saval S.A. (Emilio Saval Prados)
- Laboratorio Silesia S.A. (Leopoldo y Tomás Drexler Glaesser)
- Laboratorio Valma Ltda. (Blanca Cognet Bolio)
El 26 de marzo y con la inscripción en el Ministerio de Economía, en el registro de Asociaciones Gremiales publicada en el Diario Oficial, ASILFA, fiel a su origen monopólico, ocupa un rol fundamental y activo en la defensa de la industria farmacéutica nacional privada, posicionándose como un referente económico-político, en las discusiónes de Tratados de Libre Comercio y en otras materias relevantes para el sector, sumado al fortalecimiento de Asilfa en el ámbito regional e internacional, el cual se refleja en la constante participación en las actividades de SOFOFA, la Alianza del Pacífico, ProChile, mesa de APEC Chile, Asexma Chile, entre otras.
Con la irrupción de las Farmacias Populares, la constitución de la Achifarp y la venta de medicamentos a precio justo, la industria farmacéutica ve amenazado su monopolio.
Caso Farmacias Populares
El año 2021 comenzó la investigación a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), con la que se prepara el Lawfare contra el ex-candidato presidencial del PC… Una de las piezas “clave” de la indagación es el testimonio de César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality Products SpA, empresa que se querelló por estafa contra Daniel Jadue en 2021, acusándole de una deuda de mil cuatrocientos millones, calificada por la Achifarp de falsa. Cesar Ramirez declaró que durante la pandemia, cuando se cerro el trato de 10 millones de mascarillas, Daniel Jadue le preguntó por “cuánto va a ser la bonificación”… indica que al pedir le “explique qué es la bonificación”, dijo que era una donación; que todos los proveedores afiliados a la Asociación hacían un aporte a la causa. Agrega que “en un principio sería para Daniel Jadue, luego lo cambian al Partido Comunista,” una donación al PC de Recoleta en insumos por $20 millones.
En noviembre de 2023, el Alcalde Jadue rechazó las acusaciones. “Todo lo que se dice de supuestas donaciones es completamente falso. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país, que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, informaba entonces el diario La Tercera.
El día 17 de abril de 2024, Daniel Jadue se encontraba en el control migratorio del aeropuerto de Santiago a punto de iniciar viaje a Venezuela, planificado con anterioridad para Asistir a la Cumbre de los Pueblos, cuando su abogado, Ramón Sepúlveda recibió un llamado de la Fiscal Giovanna Herrera, para advertirle que, si Daniel Jadue insistía en emprender el viaje, podía pedir al tribunal una orden para detenerlo.
Tanto el Alcalde Jadue como el Partido Comunista, acusaron el actuar abusivo de la fiscalía, recalcando que no había formalización ni medidas cautelares en su contra, por lo que podía haber dejado el país sin problemas. Su defensa presentó una cautela de garantía, que fue rechazada en el Tercer Juzgado de Garantía por el fiscal regional Xavier Armendáriz, quien defendió la alerta temprana emanada contra el Alcalde, lo que derivó en que la policía impidiera su intento de dejar el país. La Fiscal Giovanna Herrera mantuvo la indagatoria por el caso hasta principios de junio, cuando se conoció que la fiscal pidió audiencia para formalizar al alcalde por cinco delitos no comprobados… administración desleal, cohecho, estafa, fraude al fisco y delitos concursales por ocultamiento de bienes.
La petición de formalización fue difundida un día después de que Lautaro Carmona, tildara de “activista” al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, por adelantar a la prensa que el CDE se podría querellar en contra del alcalde en la causa.
Esto “se ejecuta coincidentemente en un año electoral” declaró Daniel Jadue.
Para sacarlo del camino
En la audiencia de formalización, Farid Jadue no supo explicar el Lawfare, o no se atrevió más bien, porque implica criticar al propio gobierno. En el caso de Daniel Jadue, quien está utilizando la acción penal para sacarlo de la escena política es el gobierno actual y para ello utiliza no sólo la fiscalía, el CDE sino que también la prensa, que por razones de clase (defensa de los intereses de la Asilfa), se acopla a esta campaña para destruir el capital político del Alcalde de Recoleta. La prueba de ello, es el uso de las acciones penales para hechos que no son delito, según la fiscalía y CDE y en comparación al no ejercicio de acciones penales, tanto en el caso del General Yañez, asi como el de Hermosilla, respecto de hechos que sí son delitos. En la formalización de Daniel Jadue, la jueza convierte la audiencia en un linchamiento judicial de carácter político, puesto que una formalización generalmente dura media jornada, incluso en los casos más graves, para definir las medidas cautelares… en este caso, más que formalización la audiencia se transformó en un juicio, con rendición de pruebas y prácticamente una sentencia extrajudicial.
La aplicación de una prisión preventiva, sin causal legal
que la justifique, termina estableciendo que Daniel Jadue es un peligro para
la sociedad… sin pruebas, sin juicio y después de tres años de
investigación, con supuestos delitos económicos muy difíciles de acreditar,
sobretodo porque no hay distracción de fondos, no hay uso de fondos en destinos
ajenos a los fines de la Municipalidad o Achifarp… puede cuestionarse la
eficiencia de los usos, pero eso por si mismo, no constituye delito. La propia
fiscalía, en la formalización señala que “la motivación de las transacciones
entre Achifarp y Municipalidad, son actos políticos, no penales. En consecuencia,
bajo la doctrina de “falsificación de instrumento privado” no sería delito la
acción del Alcalde en su función, lo dice la propia fiscalía.
En cuanto a los supuestos “delitos concursales por ocultamiento de bienes” por
que no se le siguió una investigación posteriormente de haber participado en
primarias presidenciales con el actual presidente electo y sin que se haya
acreditado beneficio económico personal alguno? El Alcalde Daniel Jadue
voluntariamente levantó el secreto bancario de sus cuentas.
En el año 2023, de acuerdo a fuentes oficialistas, en una reunión del comité político del Gobierno se determinó que se potenciará como posibles candidatos Presidenciales a Camila Vallejos, Carolina Tohá, Alvaro Elizalde, Gonzalo Winter, Vodanovic, Carol Cariola y Bachelet, pero excluyen al Ex candidato Daniel Jadue por su postura crítica al gobierno, que se posiciona como una corriente política divergente.
Nada extraña en este caso de Lawfare, esto de la traición al movimiento insurreccional que exigía cambios profundos, se expresó en las primarias, del pacto Apruebo Dignidad, desde ahí se “cosinó” el pacto de Gabriel Boric con la Democracia Cristiana y la derecha polìtica, para dejar fuera de la candidatura presidencial al comunista Daniel Jadue, no sorprende en lo más mínimo... el PC es un partido reformista y la mayor parte de su existencia lo ha sido… no es revolucionario. Solo hay que recordar el viraje dado con su propia estrategia para terminar con la Dictadura, de la Rebelión Popular. Para recuperar su legalidad, la condición que le impuso el imperio y el neoliberalismo chileno, fue de sumisión, en condiciones de derrota militar comprometerlo en el desmantelamiento de su trayectoria revolucionaria. Por eso el abandono de la lucha armada y el desarme del FPMR. Nada se puede esperar de un partido sumiso y derrotado. Solo pueden ser funcionales al modelo neoliberal, ya no son anticapitalistas y menos revolucionarios.
