Corrupción y Justicia
La piedra en el zapato
Por José Tomás Peralta
y Gustavo Paredes
La principal pauta noticiosa mediática, presentada la
primera semana de junio del 2024, venia siendo gestada en una caja de
resonancia desde antes del año 2023, mucho antes de iniciada la investigación
por cohecho en contra del Alcalde de Recoleta, ex candidato presidencial de la
coalición Apruebo Dignidad PC-FA.
Las indagaciones de la Fiscalía Centro Norte de Santiago,
por supuestos hechos de corrupción debido a una presunta solicitud de coimas a Best
Quality SPA., Empresa que, en medio de la pandemia de corona virus, proveía a
sobre precio, mascarillas e insumos médicos a la Asociación Chilena de
Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Para preparar la formalización se instruyó
a la Fiscal Giovanna Herrera realizar las indagatorias y tomar testimonio de
los involucrados y seguir los pasos investigativos necesarios, a fin de que la
persecutora adoptara una decisión judicial en torno a la participación del
Alcalde Daniel Jadue en los hechos indagados. Dicha investigación llevada a
cargo por la fiscal, cercana al oficialismo como cónyuge del ex fiscal regional
Centro Norte y actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés
Montes, quien además es hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, militante
del Partido Socialista, se basó en la investigación desde el año 2021, usando
descuidos y errores administrativos, además del reconocimiento de actos dudosos
de Matías Muñoz, secretario de la Achifarp, encargado de los contratos entre el
municipio de Recoleta y la empresa Best Quality, autorizada por la Asociación industrial
de Laboratorios y Farmacéuticas Asilfa, para proveer los insumos médicos a la
Achifarp y de paso, mantener los costos del negocio de los medicamentos, que
comenzaba a verse amenazado por las farmacias Populares… por lo tanto, había
que destruir el capital político de Daniel Jadue.
Politica y Guerra Jurídica
Terminada la guerra fría, con los Estados Unidos recuperando
su hegemonía en la nueva época de la uní polaridad, desde el Pentágono se modifican
las formas de mantener el control sobre Latinoamérica por vías de apariencia
democrática, sin contrapeso en el quinto poder y con los medios de comunicación
de masas en manos privadas, comienza a tomar el control político de su “patio trasero”,
manejando también el control del poder judicial por medio de las elites
dirigentes del neoliberalismo.
El Lawfare, que surge de este control, es una utilización de
la acción penal con fines políticos, que busca cancelar políticamente a una
persona con proyecciones de posicionamiento, que amenacen los intereses de los
grandes monopolios transnacionales... Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Lula Da
silva, Fernando Lugo, Jesús Santrich, Rafael Correa, Jorge Glas, Jorge
Lavandero… todos ellos han sido objeto de esta estrategia que los inmoviliza
políticamente, para evitar que los intereses corporativos del imperio económico
se vean amenazados por lideres considerados “peligrosos para la seguridad del
Estado”.
A mediados de la década de los 80, adaptando la industria farmacéutica a la
nueva normativa legal sobre patentes, un grupo de laboratorios chilenos decidió
formar una asociación gremial que fuese capaz de asegurar la producción, el
abastecimiento de medicamentos y la mantención del negocio privado,
garantizando con esto un mayor nivel de eficiencia junto al control de precios
en la “libre competencia”. Surge así, la Asociación Industrial de Laboratorios
Farmacéuticos, ASILFA, con el objetivo de promover el desarrollo del sector a
nivel local, con diez empresas controlando el mercado interno.
- Laboratorio Andrómaco Ltda.
(Norberto Bilbeny Polonio)
- Laboratorio Benguerel Ltda.
(Norberto Bilbeny Polonio)
- Laboratorio Bioquímico Beta
S.A. (José Luis Horacio Corvillón Sánchez)
- Instituto Farmacéutico
Labomed S.A. (Mario Martínez Ahumada)
- Laboratorio Profarma S.A.
(José Antonio Plubins Romeo)
- Laboratorio Recalcine S.A.
(Alejandro Kostia Nicolás Weinstein Crenovich)
- Laboratorio Sanderson S.A.
(Rafael Echeverría Bascuñán)
- Laboratorio Saval S.A.
(Emilio Saval Prados)
- Laboratorio Silesia S.A.
(Leopoldo y Tomás Drexler Glaesser)
- Laboratorio Valma Ltda.
(Blanca Cognet Bolio)
El 26 de marzo y con la inscripción en el Ministerio de Economía, en el
registro de Asociaciones Gremiales publicada en el Diario Oficial, ASILFA, fiel
a su origen monopólico, ocupa un rol fundamental y activo en la defensa de la
industria farmacéutica nacional privada, posicionándose como un referente económico-político,
en las discusiónes de Tratados de Libre Comercio y en otras materias relevantes
para el sector, sumado al fortalecimiento de Asilfa en el ámbito regional e
internacional, el cual se refleja en la constante participación en las
actividades de SOFOFA, la Alianza del Pacífico, ProChile, mesa de APEC Chile,
Asexma Chile, entre otras.
Con la irrupción de las Farmacias Populares, la constitución de la Achifarp
y la venta de medicamentos a precio justo, la industria farmacéutica ve
amenazado su monopolio.
Caso Farmacias Populares
El año 2021 comenzó la investigación a la Asociación Chilena de
Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), con la que se prepara el
Lawfare contra el ex-candidato presidencial del PC… Una de las piezas “clave”
de la indagación es el testimonio de César Ramírez, vendedor y comisionista de
Best Quality Products SpA, empresa que se querelló por estafa contra Daniel
Jadue en 2021, acusándole de una deuda de mil cuatrocientos millones, calificada
por la Achifarp de falsa. Cesar Ramirez declaró que durante la pandemia, cuando
se cerro el trato de 10 millones de mascarillas, Daniel Jadue le preguntó por “cuánto
va a ser la bonificación”… indica que al pedir le “explique qué es la
bonificación”, dijo que era una donación; que todos los proveedores afiliados a
la Asociación hacían un aporte a la causa. Agrega que “en un principio sería
para Daniel Jadue, luego lo cambian al Partido Comunista,” una donación al PC
de Recoleta en insumos por $20 millones.
En noviembre de 2023, el Alcalde Jadue rechazó las
acusaciones. “Todo lo que se dice de supuestas donaciones es completamente
falso. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es
de un estafador confeso conocido en nuestro país, que inventa esto para
extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le
pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, informaba entonces el
diario La Tercera.
El día 17 de abril de 2024, Daniel Jadue se encontraba en el
control migratorio del aeropuerto de Santiago a punto de iniciar viaje a
Venezuela, planificado con anterioridad para Asistir a la Cumbre de los Pueblos,
cuando su abogado, Ramón Sepúlveda recibió un llamado de la Fiscal Giovanna Herrera,
para advertirle que, si Daniel Jadue insistía en emprender el viaje, podía pedir
al tribunal una orden para detenerlo.
Tanto el Alcalde
Jadue como el Partido Comunista, acusaron el actuar abusivo de la fiscalía, recalcando
que no había formalización ni medidas cautelares en su contra, por lo que podía
haber dejado el país sin problemas. Su defensa presentó una cautela de
garantía, que fue rechazada en el Tercer Juzgado de Garantía por el fiscal
regional Xavier Armendáriz, quien defendió la alerta temprana emanada contra el
Alcalde, lo que derivó en que la policía impidiera su intento de dejar el país.
La Fiscal Giovanna Herrera mantuvo la indagatoria por el caso hasta principios
de junio, cuando se conoció que la fiscal pidió audiencia para formalizar al
alcalde por cinco delitos no comprobados… administración desleal, cohecho,
estafa, fraude al fisco y delitos concursales por ocultamiento de bienes.
La petición de formalización fue difundida un día después de
que Lautaro Carmona, tildara de “activista” al presidente del Consejo de
Defensa del Estado, Raúl Letelier, por adelantar a la prensa que el CDE se
podría querellar en contra del alcalde en la causa.
Esto “se ejecuta coincidentemente en un año electoral”
declaró Daniel Jadue.
Para sacarlo del camino
En la audiencia de formalización, Farid Jadue no supo
explicar el Lawfare, o no se atrevió más bien, porque implica criticar al
propio gobierno. En el caso de Daniel Jadue, quien está utilizando la
acción penal para sacarlo de la escena política es el gobierno actual y para
ello utiliza no sólo la fiscalía, el CDE sino que también la prensa, que por
razones de clase (defensa de los intereses de la Asilfa), se acopla a esta
campaña para destruir el capital político del Alcalde de Recoleta. La prueba de
ello, es el uso de las acciones penales para hechos que no son delito, según la
fiscalía y CDE y en comparación al no ejercicio de acciones penales, tanto en
el caso del General Yañez, asi como el de Hermosilla, respecto de hechos que sí
son delitos. En la formalización de Daniel Jadue, la jueza convierte la
audiencia en un linchamiento judicial de carácter político, puesto que una
formalización generalmente dura media jornada, incluso en los casos más graves,
para definir las medidas cautelares… en este caso, más que formalización la
audiencia se transformó en un juicio, con rendición de pruebas y prácticamente una
sentencia extrajudicial.
La aplicación de una prisión preventiva, sin causal legal
que la justifique, termina estableciendo que Daniel Jadue es un peligro para
la sociedad… sin pruebas, sin juicio y después de tres años de
investigación, con supuestos delitos económicos muy difíciles de acreditar,
sobretodo porque no hay distracción de fondos, no hay uso de fondos en destinos
ajenos a los fines de la Municipalidad o Achifarp… puede cuestionarse la
eficiencia de los usos, pero eso por si mismo, no constituye delito. La propia
fiscalía, en la formalización señala que “la motivación de las transacciones
entre Achifarp y Municipalidad, son actos políticos, no penales. En consecuencia,
bajo la doctrina de “falsificación de instrumento privado” no sería delito la
acción del Alcalde en su función, lo dice la propia fiscalía.
En cuanto a los supuestos “delitos concursales por ocultamiento de bienes” por
que no se le siguió una investigación posteriormente de haber participado en
primarias presidenciales con el actual presidente electo y sin que se haya
acreditado beneficio económico personal alguno? El Alcalde Daniel Jadue
voluntariamente levantó el secreto bancario de sus cuentas.
En el año 2023, de acuerdo a fuentes oficialistas, en una reunión
del comité político del Gobierno se determinó que se potenciará como posibles
candidatos Presidenciales a Camila Vallejos, Carolina Tohá, Alvaro Elizalde, Gonzalo
Winter, Vodanovic, Carol Cariola y Bachelet, pero excluyen al Ex candidato
Daniel Jadue por su postura crítica al gobierno, que se posiciona como una
corriente política divergente.
Nada extraña en este caso de Lawfare, esto de la traición al
movimiento insurreccional que exigía cambios profundos, se expresó en las
primarias, del pacto Apruebo Dignidad, desde ahí se “cosinó” el pacto de Gabriel
Boric con la Democracia Cristiana y la derecha polìtica, para dejar fuera de la
candidatura presidencial al comunista Daniel Jadue, no sorprende en lo más mínimo...
el PC es un partido reformista y la mayor parte de su existencia lo ha sido… no
es revolucionario. Solo hay que recordar el viraje dado con su propia estrategia
para terminar con la Dictadura, de la Rebelión Popular. Para recuperar su
legalidad, la condición que le impuso el imperio y el neoliberalismo chileno,
fue de sumisión, en condiciones de derrota militar comprometerlo en el
desmantelamiento de su trayectoria revolucionaria. Por eso el abandono de la
lucha armada y el desarme del FPMR. Nada se puede esperar de un partido sumiso
y derrotado. Solo pueden ser funcionales al modelo neoliberal, ya no son
anticapitalistas y menos revolucionarios.
