sábado, 23 de mayo de 2009

Bono de invierno para todos... otro parche.


Este 21 de Mayo, la presidenta otra vez nos contó lo bien que vamos como país. Nos dijo que debemos tener plena confianza, pues gracias a una política de Hacienda responsable, nuestra economía está bien preparada para enfrentar la actual crisis mundial. Nuevamente escuchamos en su discurso anuncios maravillosos, que nos hablarán de cifras económicas extraordinarias, inversiones en diferentes ámbitos del quehacer destinadas directamente en beneficio de la ciudadanía, los bonos de $40.000 que repartirá para palear en parte las desigualdades. Será la cuenta pública del Chile serio, equilibrado, robusto, moderno, casi perfecto.
Pero la realidad obliga a mirar hacia otro lado. Nuestro día a día nos empuja a responder de manera multitudinaria “que vivimos en otro Chile”, que en el nuestro las cifras todos los meses nos suman negativamente. Que en nuestros trabajos el patrón es todopoderoso, y que el abogado de la inspección del trabajo está de su parte. Que las compañías eléctricas y del agua, nos imponen cobros y alzas abusivas sin ningún derecho a reclamo. Que como pobladores debemos enfrentar día a día el problema del hacinamiento y la incertidumbre del no tener un techo donde vivir, o el fantasma del desalojo debido al abuso de los bancos que con las deudas habitacionales oprimen a miles de familias a diario. Que las 3 farmacias mas grandes nos obligan a comprar sus productos 20 veces más caros de lo que cuesta realmente. Que nuestros estudiantes deben endeudarse o simplemente abandonar sus estudios por no tener dinero para financiarlos. Que al pueblo mapuche le sigue robando sus tierras. Que cientos de miles de jóvenes son arrojados a la cesantía y al empleo precario, con un futuro incierto por delante. Que a nuestros profesores las corporaciones municipales y los sostenedores les roban impunemente su dinero, sin recibir sanción alguna. Que los despidos andan a la orden del día. Que pretenden privatizar el mar mientras a los pescadores los privan de sus medios de subsistencia. Que siguen contaminando nuestros suelos, mares y ríos. Que nuestros recursos naturales los siguen entregando a multinacionales extranjeras. Que en definitiva, seguimos siendo pobres, despojados, humillados y explotados.
Pero también le diremos que no esperaremos más sus migajas. Que no estamos aquí para llorar, sino para luchar. Pues nuevamente hemos comenzado a construir nuestro propio camino, a través de la organización, de la preparación, de la movilización y la convergencia, hemos comenzado a librar las primeras batallas.
De todo esto y más le hablaremos a la señora presidenta este 21 de Mayo.
Pero se lo diremos a nuestra manera. Debemos ser cientos, miles los que salgamos a la calle a manifestar nuestro descontento. A demostrarle no solo a ella, sino a todos aquellos que pretenden hacernos creer que vivimos en otro Chile, que nuestra situación es cada vez más angustiosa. Que estamos cansados de esperar, y que no escucharemos más sus falsas promesas. Ha llegado el momento de organizar nuestro descontento, y movilizar nuestra rabia.
Este 21 de Mayo, trabajadores, pobladores, cesantes, profesores y estudiantes, es decir el pueblo en su conjunto, debemos ponernos de pie y gritar con una sola voz, ¡Basta de abusos! ¡Basta de mentiras!
¡¡A LEVANTAR LA LUCHA POPULAR !!
¡¡A CONSTRUIR Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO!!
¡¡NUNCA MAS SOLOS!!
¡¡QUE EL PUEBLO MANDE!!
Posición del FAT.
El pacto laboral sólo beneficia a los patrones.

El “Acuerdo Pro empleo” del gobierno de Bachelet, la CUT de Arturo Martínez y los empresarios agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, nada tiene que ver con la creación de empleo. Por el contrario, consagra el desempleo a través de pobres medidas “compensatorias” que sólo afectarían a 125 mil trabajadores de los más de 6 millones existentes en el país. Las medidas no contemplan la creación de empleo para el millón de cesantes que hay en Chile.
El ‘Permiso para capacitación laboral: como alternativa al despido’, que incorpora el punto 2 del Acuerdo, pretende disminuir la cifra de desempleo, ya que los trabajadores con ‘permiso’ para capacitarse no serán considerados como desempleados.
Las empresas tienen la oportunidad de postergar el pago de las indemnizaciones por despido. Como el despido oficialmente puede posponerse durante 5 meses en que el trabajador se capacitaría, en la práctica permite a las empresas deshacerse de trabajadores y pagar cinco meses después los costos de las indemnizaciones.
Las prestaciones garantizadas a los trabajadores en el ‘permiso’ de hasta cinco meses en los que el trabajador se capacitaría, además de muy bajas, las paga fundamentalmente el propio trabajador (en un 50 %). El precontrato de capacitación contemplado en el punto 3, permite a las empresas usar la franquicia tributaria del Sence para capacitar a los trabajadores antes de incorporarlos, y ahorrarse con ello la capacitación inicial.
El punto 5 anuncia que se duplicarán los presupuestos de becas para el programa de apoyo al emprendimiento de trabajadoras jefas de hogar. De baja calificación laboral, en lugar de la creación de empleos estables apunta a la inversión en trabajo independiente precario y de bajo ingresos.
El reconocimiento de aprendizajes previos adquiridos por el trabajador mediante ‘un sistema de evaluación aplicado por los organismos técnicos’, es de dudoso resultado en términos de empleo, pero sin duda abre un nuevo negocio para las empresas de área de capacitación, sin que en este caso se incorpore capacitación alguna.
En resumen básicamente el ‘Acuerdo Nacional’ trata de la transferencia de recursos del Estado y los trabajadores a las empresas privadas, maquilla las cifras de cesantía laboral y crea buenos negocios para empresas privadas de capacitación y de evaluación de aprendizajes previos. Pero tiene poco que ver con la creación efectiva de empleo, mientras el flagelo de la cesantía producto de la recesión global del capitalismo sigue avanzando.
El Frente Amplio de Trabajadores – FAT, considera que para enfrentar la dramática cesantía que sufren las y los chilenos, el gobierno, al menos debería imponer impuestos progresivos a las ganancias del capital y sus empresas; crear un programa amplio y sin mediadores privados de obras públicas; incrementar el salario mínimo a $350 mil pesos; eliminar el IVA de los alimentos básicos y los medicamentos; reducir las horas de trabajo sin bajar los salarios; y propiciar trabajo seguro y con sueldos que alcancen para vivir con dignidad en vez de continuar subsidiando a los empresarios.
!QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS PATRONES!
¡MARCHEMOS HACIA LA HUELGA GENERAL !
FRENTE AMPLIO DE TRABAJADORES

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