jueves, 1 de enero de 2009

La Reina, el Ejército y las leyes


por Patricio Herman
martes, 30 de diciembre de 2008

Nuestra Fundación ingresó hace un tiempo en la Contraloría General de la República una denuncia referida a las anomalías cometidas por organismos del Estado con ocasión de una transacción comercial de una parte de un terreno definido como área verde que le pertenecía al Ejército, en la Villa Militar Cordillera, en la amenazada comuna de La Reina.
Se trata de una fracción de 3 hectáreas situada en la Avenida Las Perdices, entre las calles Talinay y José Arrieta, la cual fue vendida por esa rama de las Fuerzas Armadas a la Municipalidad de La Reina. La operación se hizo mediante una licitación pública llamada por el comprador y en la cual el Ejército fue el único oferente.

Debemos tener en cuenta que en razón de las restricciones que para edificar comercialmente tienen las áreas verdes, el mercado inmobiliario les asigna a ellas un precio muy reducido. Ante esta situación restrictiva, bajo la alcaldía del arquitecto Fernando Castillo Velasco, se había convenido una donación condicionada del terreno a la municipalidad a cambio de una mejora, vía Plan Regulador, en las normas de edificación para otros predios con los que contaba el Ejército en la comuna, convenio que, por motivos desconocidos, no prosperó. El terreno en discusión es colindante al Canal Las Perdices, por lo cual está calificado como "área verde adyacente a cauces", de acuerdo al artículo 5.2.3.4. del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y en tal calidad, se encuentra impedido de utilizarse en actividades distintas a las mencionadas en dicho instrumento de planificación urbana. En La Reina, bautizada por la actual autoridad edilicia como comuna parque, existen 3 canales que ostentan tal calificación: Canal San Carlos, Canal Las Perdices y Canal El Bollo, existiendo en los 2 primeros parques consolidados en sus entornos.

Según hemos sido informados, en un principio el Concejo Municipal había tomado conocimiento de que el terreno estaba avaluado en más de 500 millones de pesos, según documentación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Posteriormente este servicio redujo ese valor a 121 millones, y al final el negocio se formalizó por 203 millones; precio que resultó ser igualmente excesivo. Ello por cuanto, aparte de las razones antes mencionadas, el subsuelo del mismo está conformado por rellenos inestables (basurales), y lo cruzan líneas de alta tensión que impiden legalmente levantar construcciones, hacer plantaciones y obras de cualquier naturaleza que perturben el libre ejercicio de las servidumbres establecidas dentro de su franja e inmediaciones tal como lo manda la Ley General de Servicios Eléctricos.

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