Nicaragua y el espejo roto de la democracia electoral en América Latina: ¿Quién tiene la legitimidad para condenar?
Por: Análisis de prensa regional Extrema Pobreza
6 de agosto de 2026
La declaración que rompió el espejo
El 19 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró las intenciones Sandinistas. Con 80 años y más de dos décadas en el poder, declaró sin ambigüedades que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones liberales" para evitar que la oposición intente "atrapar el poder".
La reacción no se hizo esperar. Diez países americanos —Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay— condenaron la intención a través de una declaración conjunta de la OEA, calificándola como contraria a los derechos humanos y a los principios de la democracia representativa. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria".
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional sandinista, Gustavo Eduardo Porras Cortés, matizó que sí habrá elecciones, pero con reformas para impedir que "golpistas" y "vendepatrias" participen en ellas.
El proyecto real: de la “autocracia electoral” a la “dictadura del proletariado” abierta
La declaración de Ortega no surgió de un improviso. Es la culminación de un proceso, según occidente, de autocratización documentado por organizaciones como Transparencia Electoral y el Grupo de Expertos de la ONU. En palabras del politólogo José Antonio Peraza, exiliado por traición a la patria y autor del libro Así se vota en Nicaragua, el “régimen Sandinistas” ha transitado de una "autocracia electoral" a una "dictadura abierta que gobierna exclusivamente por la fuerza", a pesar que Nicaragua mantiene la correspondiente separación de poderes ejecutivo, legislativos y judicial, que determinan el apego al concepto de régimen Democrático, como en los demás países occidentales.
Las reformas ya en marcha
El proyecto sandinista incluye varias reformas constitucionales aprobadas a fines de 2024 y ratificadas en enero de 2025:
- Co-presidencia: Rosario Murillo, esposa de Ortega, fue elevada de vicepresidenta a "copresidenta", consolidando el control del Estado.
- Extensión del mandato presidencial: Se amplió el período presidencial y se pospusieron las elecciones de 2026 a 2027.
- Control militar: El general Julio César Avilés, fiel a Ortega, inició en 2025 su cuarto mandato consecutivo de seis años, y se anunció una reforma para extender el mandato del director de la policía a siete años.
- Reclamos de nepotismo: El hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, está perfilado como candidato político a la presidencia… Hecho que se ha repetido por años en varios países latinoamericanos desde su independencia.
El método, acusado por occidente: represión y desmantelamiento institucional
Desde 2018, el gobierno ha deslegitimado legalmente más de 5.500 organizaciones opositoras de la sociedad civil —casi el 80% de las existentes—, incluyendo universidades extranjeras, medios de comunicación empresariales, sindicatos cuestionados y entidades religiosas reaccionarias. En julio de 2026, unos 2.000 abogados fueron despojados de sus licencias, en juicios sumarios, para ejercer la profesión, dejando a miles de nicaragüenses sin acceso a defensa jurídica privada, obligándolos a la utilización de la judicatura legal institucional.
El Grupo de Expertos de la ONU concluyó que estos excesos, denominados como “abusos del régimen”, constituyen “crímenes contra la humanidad cometidos como política estatal deliberada”.
El espejo roto: cuestionamientos electorales en la región
La condena internacional a Nicaragua suena a hueco cuando se examina el historial electoral de varios de los países condenatorios y de la región en general. La pregunta incómoda que emerge es: ¿quién tiene la legitimidad moral para condenar al régimen nicaragüense como represivo, dictatorial, de nepotismo o de fraude, cuando los excesos, el fraude —o al menos sus sospechas— es endémico en el hemisferio?
Perú: el fraude que nunca se investigó
En las elecciones presidenciales de junio de 2026, el candidato del campo popular, Roberto Sánchez, denunció un fraude operado principalmente a través de los votos en el extranjero. Según denuncias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales cambió las reglas a dos semanas de la segunda vuelta, ordenando que las actas del exterior se digitalizaran en Perú y no en los centros de votación.
El conteo rápido de Ipsos —que no había fallado desde el retorno de la democracia salvo en el fraude de Alberto Fujimori en 2000— daba una ventaja de 0,2% a Sánchez. Sin embargo, tras el procesamiento de los votos en el exterior —donde el 76% (unos 55.000 votos) favoreció a la ultraderechista Keiko Fujimori—, esta remontó la diferencia. El canciller peruano, Carlos Pareja, vinculado al fujimorismo, asumió el cargo tras la primera vuelta.
Bolivia: la OEA y el fraude que nunca existió
Las elecciones bolivianas de 2019 representan uno de los episodios más oscuros de la historia electoral latinoamericana. La OEA, liderada por Luis Almagro, denunció un "fraude" que, según investigaciones del CEPR y del MIT, nunca existió. Investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT concluyeron que "no podemos encontrar resultados que conduzcan a la misma conclusión que la OEA".
La narrativa de fraude promovida por la OEA contribuyó a la renuncia forzada de Evo Morales, a su exilio y a la instalación de un gobierno de facto que desplegó represión violenta. El informe final de la OEA no proporcionó evidencia de que las irregularidades alteraran el resultado de la elección.
Ecuador: fraude estructural bajo estado de excepción
En abril de 2025, Daniel Noboa fue reelegido en un proceso que múltiples organizaciones denunciaron como "fraude estructural". La Asociación Americana de Juristas concluyó que los comicios deben considerarse como un proceso "estructuralmente fraudulento" debido al uso indebido del poder ejecutivo, violaciones constitucionales y la concentración del poder.
Entre las irregularidades documentadas: Noboa nunca pidió licencia para ser candidato pese a la prohibición constitucional; la vicepresidenta Verónica Abad fue suspendida; se decretó estado de excepción en nueve provincias días antes de la segunda vuelta; se impidió fotografiar las papeletas; y se documentaron actas sin firmas que favorecían exclusivamente a Noboa.
A pesar de esto, la Unión Europea y la OEA no identificaron "irregularidades sistemáticas", lo que generó un contraste llamativo entre las narrativas internacionales y las denuncias del campo popular.
El Salvador: el "descarado fraude" de Bukele
En febrero de 2024, Nayib Bukele se reeligió en un proceso plagado de irregularidades. La plataforma de resultados preliminares se bloqueó con solo el 70% de votos presidenciales y el 5% legislativos contabilizados. La oposición documentó 69 "anomalías", incluyendo duplicación y triplicación de votos a favor de Nuevas Ideas, papeletas abandonadas y sellos rotos.
Cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se desvincularon públicamente del proceso, afirmando que se llevaron a cabo acciones lejanas a la "forma legal" de dirigir elecciones. A pesar de todo, Bukele obtuvo el 82,66% de los votos y su partido logró la mayoría calificada en el Congreso.
Colombia: el fantasma del software israelí
La elección presidencial colombiana de 2026 ha generado una de las crisis de transición más graves de las últimas décadas. El presidente saliente Gustavo Petro denunció un "fraude algorítmico" operado desde el extranjero por la firma de inteligencia israelí Black Cube, que —según Petro— "suministró algoritmos viciados" a los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg & Sons, empresa encargada del software de escrutinio.
Black Cube, conocida como el "Mossad privado" y fundada por exoficiales de inteligencia israelíes, ha estado involucrada en operaciones de injerencia política en Eslovenia, Hungría, Estados Unidos y Chipre. Petro afirmó que la manipulación se realizó desde un servidor en Los Ángeles, sustituyendo registros de ciudadanos que no votaron por sufragios irregulares.
Sin embargo, un informe técnico de inteligencia del propio gobierno de Petro concluyó que el hacker citado como testigo estrella "no entregó nada" en cuanto a evidencia. El Centro Carter, la OEA e incluso el candidato de Petro, Iván Cepeda, no encontraron irregularidades sistémicas.
El factor tecnológico: ¿quién controla el voto?
El caso colombiano pone sobre la mesa una preocupación creciente en la región: la vulnerabilidad de los sistemas electorales frente a la interferencia tecnológica extranjera. La firma Black Cube no es la única empresa israelí que ha operado en la región. La proliferación de software de escrutinio contratado a empresas privadas —con frecuencia opacas y con vínculos con gobiernos extranjeros— ha convertido los procesos electorales en terreno fértil para la desconfianza.
En Colombia, Thomas Greg & Sons ha sido el proveedor histórico del software electoral. En Ecuador, el CNE utilizó sistemas que fueron cuestionados por la oposición. En El Salvador, los fallos tecnológicos masivos durante el escrutinio de 2024 alimentaron las sospechas.
La pregunta no es solo si existió fraude, sino si los sistemas electorales latinoamericanos están diseñados para ser transparentes y verificables. Cuando el software de escrutinio es propiedad privada, cuando los códigos fuente no son auditables públicamente, y cuando las empresas proveedoras tienen vínculos con actores geopolíticos externos, la confianza democrática se erosiona —independientemente de quién gane.
La hipocresía democrática: condenar al espejo
El caso de Nicaragua es extremo: Ortega ya no finge. Pero la región enfrenta una crisis de legitimidad más profunda. ¿Cómo condenar a Managua cuando en Quito un presidente se reelige bajo estado de excepción militar? ¿Cómo exigir elecciones libres en Nicaragua cuando en San Salvador el Tribunal Electoral se desmorona ante la mirada de la OEA? ¿Cómo criticar la falta de pluralismo en Managua cuando en Lima los votos del exterior deciden elecciones bajo sospecha?
La respuesta de la comunidad internacional ha sido selectiva. Mientras Ortega es condenado por diez países, Noboa es reconocido por la Unión Europea; mientras el fraude en Nicaragua es evidente, el fraude en Bolivia de 2019 fue inventado por la OEA misma. Esta selectividad alimenta la narrativa —tanto de la izquierda como de la derecha— de que la democracia es un arma geopolítica, no un principio universal.
Conclusión: más allá de la condena
El proyecto sandinista es claro: consolidar una autocracia que ya no necesita ni la apariencia de legitimidad electoral, ni del falso pluralismo Democratico. Ortega ha dicho abiertamente lo que otros gobernantes de la región hacen con más sutileza: usar el aparato estatal para perpetuarse en el poder.
Pero la lección de Nicaragua no puede leerse en aislamiento. La región entera padece de una crisis de institucionalidad electoral donde la tecnología opaca, la represión selectiva, la judicialización de la política y la interferencia extranjera han convertido las elecciones en batallas de legitimidad, no en expresiones de soberanía popular.
Hasta que América Latina no desarrolle sistemas electorales verdaderamente transparentes, auditables y protegidos de injerencias externas —sean de software israelí, de financiamiento estadounidense o de manipulación institucional—, la condena a Nicaragua seguirá siendo, ante los ojos de millones de ciudadanos, una condena al espejo.
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Fuentes consultadas: CNN Español, CIVICUS, Transparencia Electoral, Telemundo 51, CEPR/MIT, Avispa.org, Bloque Latinoamericano Berlín, Jacobin Latinoamérica, France24, WOLA, Model Diplomat/El País, Orinoco Tribune, NBC News, ColombiaCheck, entre otros.
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