El espejo Roto de la Democracia

Nicaragua y el espejo roto de la democracia electoral en América Latina: ¿Quién tiene la legitimidad para condenar?

Por: Análisis de prensa regional Extrema Pobreza 

6 de agosto de 2026

La declaración que rompió el espejo

El 19 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró las intenciones Sandinistas. Con 80 años y más de dos décadas en el poder, declaró sin ambigüedades que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones liberales" para evitar que la oposición intente "atrapar el poder". 

La reacción no se hizo esperar. Diez países americanos —Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay— condenaron la intención a través de una declaración conjunta de la OEA, calificándola como contraria a los derechos humanos y a los principios de la democracia representativa.  El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria". 

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional sandinista, Gustavo Eduardo Porras Cortés, matizó que sí habrá elecciones, pero con reformas para impedir que "golpistas" y "vendepatrias" participen en ellas. 

El proyecto real: de la “autocracia electoral” a la “dictadura del proletariado” abierta

La declaración de Ortega no surgió de un improviso. Es la culminación de un proceso, según occidente, de autocratización documentado por organizaciones como Transparencia Electoral y el Grupo de Expertos de la ONU. En palabras del politólogo José Antonio Peraza, exiliado por traición a la patria y autor del libro Así se vota en Nicaragua, el “régimen Sandinistas” ha transitado de una "autocracia electoral" a una "dictadura abierta que gobierna exclusivamente por la fuerza", a pesar que Nicaragua mantiene la correspondiente separación de poderes ejecutivo, legislativos y judicial, que determinan el apego al concepto de régimen Democrático, como en los demás países occidentales. 

Las reformas ya en marcha

El proyecto sandinista incluye varias reformas constitucionales aprobadas a fines de 2024 y ratificadas en enero de 2025:

- Co-presidencia: Rosario Murillo, esposa de Ortega, fue elevada de vicepresidenta a "copresidenta", consolidando el control del Estado. 

- Extensión del mandato presidencial: Se amplió el período presidencial y se pospusieron las elecciones de 2026 a 2027. 

- Control militar: El general Julio César Avilés, fiel a Ortega, inició en 2025 su cuarto mandato consecutivo de seis años, y se anunció una reforma para extender el mandato del director de la policía a siete años. 

- Reclamos de nepotismo: El hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, está perfilado como candidato político a la presidencia… Hecho que se ha repetido por años en varios países latinoamericanos desde su independencia. 

El método, acusado por occidente: represión y desmantelamiento institucional

Desde 2018, el gobierno ha deslegitimado legalmente más de 5.500 organizaciones opositoras de la sociedad civil —casi el 80% de las existentes—, incluyendo universidades extranjeras, medios de comunicación empresariales, sindicatos cuestionados y entidades religiosas reaccionarias.  En julio de 2026, unos 2.000 abogados fueron despojados de sus licencias, en juicios sumarios, para ejercer la profesión, dejando a miles de nicaragüenses sin acceso a defensa jurídica privada, obligándolos a la utilización de la judicatura legal institucional. 

El Grupo de Expertos de la ONU concluyó que estos excesos, denominados como “abusos del régimen”, constituyen “crímenes contra la humanidad cometidos como política estatal deliberada”. 

El espejo roto: cuestionamientos electorales en la región

La condena internacional a Nicaragua suena a hueco cuando se examina el historial electoral de varios de los países condenatorios y de la región en general. La pregunta incómoda que emerge es: ¿quién tiene la legitimidad moral para condenar al régimen nicaragüense como represivo, dictatorial, de nepotismo o de fraude, cuando los excesos, el fraude —o al menos sus sospechas— es endémico en el hemisferio?

Perú: el fraude que nunca se investigó

En las elecciones presidenciales de junio de 2026, el candidato del campo popular, Roberto Sánchez, denunció un fraude operado principalmente a través de los votos en el extranjero. Según denuncias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales cambió las reglas a dos semanas de la segunda vuelta, ordenando que las actas del exterior se digitalizaran en Perú y no en los centros de votación. 

El conteo rápido de Ipsos —que no había fallado desde el retorno de la democracia salvo en el fraude de Alberto Fujimori en 2000— daba una ventaja de 0,2% a Sánchez. Sin embargo, tras el procesamiento de los votos en el exterior —donde el 76% (unos 55.000 votos) favoreció a la ultraderechista Keiko Fujimori—, esta remontó la diferencia.  El canciller peruano, Carlos Pareja, vinculado al fujimorismo, asumió el cargo tras la primera vuelta. 

Bolivia: la OEA y el fraude que nunca existió

Las elecciones bolivianas de 2019 representan uno de los episodios más oscuros de la historia electoral latinoamericana. La OEA, liderada por Luis Almagro, denunció un "fraude" que, según investigaciones del CEPR y del MIT, nunca existió. Investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT concluyeron que "no podemos encontrar resultados que conduzcan a la misma conclusión que la OEA". 

La narrativa de fraude promovida por la OEA contribuyó a la renuncia forzada de Evo Morales, a su exilio y a la instalación de un gobierno de facto que desplegó represión violenta.  El informe final de la OEA no proporcionó evidencia de que las irregularidades alteraran el resultado de la elección. 

Ecuador: fraude estructural bajo estado de excepción

En abril de 2025, Daniel Noboa fue reelegido en un proceso que múltiples organizaciones denunciaron como "fraude estructural". La Asociación Americana de Juristas concluyó que los comicios deben considerarse como un proceso "estructuralmente fraudulento" debido al uso indebido del poder ejecutivo, violaciones constitucionales y la concentración del poder. 

Entre las irregularidades documentadas: Noboa nunca pidió licencia para ser candidato pese a la prohibición constitucional; la vicepresidenta Verónica Abad fue suspendida; se decretó estado de excepción en nueve provincias días antes de la segunda vuelta; se impidió fotografiar las papeletas; y se documentaron actas sin firmas que favorecían exclusivamente a Noboa. 

A pesar de esto, la Unión Europea y la OEA no identificaron "irregularidades sistemáticas", lo que generó un contraste llamativo entre las narrativas internacionales y las denuncias del campo popular. 

El Salvador: el "descarado fraude" de Bukele

En febrero de 2024, Nayib Bukele se reeligió en un proceso plagado de irregularidades. La plataforma de resultados preliminares se bloqueó con solo el 70% de votos presidenciales y el 5% legislativos contabilizados.  La oposición documentó 69 "anomalías", incluyendo duplicación y triplicación de votos a favor de Nuevas Ideas, papeletas abandonadas y sellos rotos. 

Cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se desvincularon públicamente del proceso, afirmando que se llevaron a cabo acciones lejanas a la "forma legal" de dirigir elecciones.  A pesar de todo, Bukele obtuvo el 82,66% de los votos y su partido logró la mayoría calificada en el Congreso.

Colombia: el fantasma del software israelí

La elección presidencial colombiana de 2026 ha generado una de las crisis de transición más graves de las últimas décadas. El presidente saliente Gustavo Petro denunció un "fraude algorítmico" operado desde el extranjero por la firma de inteligencia israelí Black Cube, que —según Petro— "suministró algoritmos viciados" a los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg & Sons, empresa encargada del software de escrutinio. 

Black Cube, conocida como el "Mossad privado" y fundada por exoficiales de inteligencia israelíes, ha estado involucrada en operaciones de injerencia política en Eslovenia, Hungría, Estados Unidos y Chipre.  Petro afirmó que la manipulación se realizó desde un servidor en Los Ángeles, sustituyendo registros de ciudadanos que no votaron por sufragios irregulares. 

Sin embargo, un informe técnico de inteligencia del propio gobierno de Petro concluyó que el hacker citado como testigo estrella "no entregó nada" en cuanto a evidencia.  El Centro Carter, la OEA e incluso el candidato de Petro, Iván Cepeda, no encontraron irregularidades sistémicas. 

El factor tecnológico: ¿quién controla el voto?

El caso colombiano pone sobre la mesa una preocupación creciente en la región: la vulnerabilidad de los sistemas electorales frente a la interferencia tecnológica extranjera. La firma Black Cube no es la única empresa israelí que ha operado en la región. La proliferación de software de escrutinio contratado a empresas privadas —con frecuencia opacas y con vínculos con gobiernos extranjeros— ha convertido los procesos electorales en terreno fértil para la desconfianza.

En Colombia, Thomas Greg & Sons ha sido el proveedor histórico del software electoral. En Ecuador, el CNE utilizó sistemas que fueron cuestionados por la oposición. En El Salvador, los fallos tecnológicos masivos durante el escrutinio de 2024 alimentaron las sospechas. 

La pregunta no es solo si existió fraude, sino si los sistemas electorales latinoamericanos están diseñados para ser transparentes y verificables. Cuando el software de escrutinio es propiedad privada, cuando los códigos fuente no son auditables públicamente, y cuando las empresas proveedoras tienen vínculos con actores geopolíticos externos, la confianza democrática se erosiona —independientemente de quién gane.

La hipocresía democrática: condenar al espejo

El caso de Nicaragua es extremo: Ortega ya no finge. Pero la región enfrenta una crisis de legitimidad más profunda. ¿Cómo condenar a Managua cuando en Quito un presidente se reelige bajo estado de excepción militar? ¿Cómo exigir elecciones libres en Nicaragua cuando en San Salvador el Tribunal Electoral se desmorona ante la mirada de la OEA? ¿Cómo criticar la falta de pluralismo en Managua cuando en Lima los votos del exterior deciden elecciones bajo sospecha?

La respuesta de la comunidad internacional ha sido selectiva. Mientras Ortega es condenado por diez países, Noboa es reconocido por la Unión Europea; mientras el fraude en Nicaragua es evidente, el fraude en Bolivia de 2019 fue inventado por la OEA misma. Esta selectividad alimenta la narrativa —tanto de la izquierda como de la derecha— de que la democracia es un arma geopolítica, no un principio universal.

Conclusión: más allá de la condena

El proyecto sandinista es claro: consolidar una autocracia que ya no necesita ni la apariencia de legitimidad electoral, ni del falso pluralismo Democratico. Ortega ha dicho abiertamente lo que otros gobernantes de la región hacen con más sutileza: usar el aparato estatal para perpetuarse en el poder.

Pero la lección de Nicaragua no puede leerse en aislamiento. La región entera padece de una crisis de institucionalidad electoral donde la tecnología opaca, la represión selectiva, la judicialización de la política y la interferencia extranjera han convertido las elecciones en batallas de legitimidad, no en expresiones de soberanía popular.

Hasta que América Latina no desarrolle sistemas electorales verdaderamente transparentes, auditables y protegidos de injerencias externas —sean de software israelí, de financiamiento estadounidense o de manipulación institucional—, la condena a Nicaragua seguirá siendo, ante los ojos de millones de ciudadanos, una condena al espejo.

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Fuentes consultadas: CNN Español, CIVICUS, Transparencia Electoral, Telemundo 51, CEPR/MIT, Avispa.org, Bloque Latinoamericano Berlín, Jacobin Latinoamérica, France24, WOLA, Model Diplomat/El País, Orinoco Tribune, NBC News, ColombiaCheck, entre otros.

Allende vive en las luchas

 Salvador Allende vive en las luchas de los pueblos

A 118 años de su nacimiento

Este 26 de junio conmemoramos los 118 años del nacimiento del compañero Presidente Salvador Allende Gossens, líder histórico de la izquierda chilena, revolucionario consecuente, socialista, internacionalista, antiimperialista y uno de los más grandes referentes políticos de Chile, de Nuestra América y de los pueblos que luchan por su liberación en todo el mundo.

Recordar a Salvador Allende no es un ejercicio de nostalgia. Es un acto de compromiso político con las luchas del presente y con los desafíos del futuro. Allende vive en la memoria activa de los pueblos, en las luchas de las y los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, de los estudiantes, de las mujeres, de los pueblos originarios, de las organizaciones populares y de todas aquellas fuerzas que siguen levantando las banderas de la justicia social, la soberanía nacional, la democracia popular y la emancipación humana.

Desde el Movimiento del Socialismo Allendista de Chile reivindicamos el legado integral de Salvador Allende. Reivindicamos al médico social que puso su vida al servicio de los más humildes; al dirigente socialista que entendió que la democracia debía estar al servicio de las grandes mayorías nacionales; al Presidente que nacionalizó el cobre, recuperó las riquezas estratégicas para el pueblo chileno y abrió un camino de profundas transformaciones hacia una sociedad socialista, democrática y profundamente humana.

El Revolucionario en Democracia burguesa

Allende fue un revolucionario democrático que comprendió que la lucha por el socialismo debía construirse junto al pueblo organizado, fortaleciendo el protagonismo popular, ampliando los derechos sociales y democratizando el poder político y económico. Su gobierno representó la experiencia más avanzada de transformación democrática, popular y socialista de la historia de Chile, enfrentando los privilegios de las oligarquías nacionales y la intervención permanente del imperialismo estadounidense.

Su legado político, ético y revolucionario sigue siendo una referencia indispensable para quienes luchan por un Chile soberano, justo y democrático. En tiempos de crisis del neoliberalismo, de avance de proyectos autoritarios y neofascistas, de concentración de la riqueza, de guerras, bloqueos y nuevas formas de colonialismo y dependencia, el pensamiento de Allende vuelve a interpelarnos con extraordinaria fuerza.

La Revolución chilena ligada al internacionalismo 

La solidaridad internacionalista fue una dimensión inseparable de su acción política. Su compromiso con la Revolución Cubana constituyó una de las expresiones más consecuentes de su antiimperialismo y de su convicción de que los pueblos tienen el derecho soberano a construir su propio destino. Allende defendió a Cuba frente al bloqueo, las agresiones y las campañas de aislamiento impulsadas por los Estados Unidos. Hoy, cuando el heroico pueblo cubano continúa siendo víctima de un brutal bloqueo económico y de nuevas formas de agresión impulsadas por la administración imperialista de Donald Trump, el legado de Allende nos convoca a redoblar nuestra solidaridad activa e incondicional con la Revolución Cubana y con el derecho de Cuba a vivir con dignidad, soberanía e independencia.

Su profundo compromiso bolivariano también lo llevó a concebir la unidad latinoamericana e indoamericana como una tarea estratégica para la liberación de nuestros pueblos. Salvador Allende fue un constructor de la Patria Grande soñada por Simón Bolívar, José Martí, Augusto César Sandino y los grandes libertadores de Nuestra América. Comprendió que la soberanía de cada nación latinoamericana solo podría consolidarse plenamente en el marco de la integración regional, la cooperación solidaria y la defensa común frente a las diversas formas de dominación imperial. Ese legado adquiere hoy una renovada vigencia ante el avance del fascismo y la extrema derecha y las agresiones que enfrentan los procesos soberanos de nuestra región.

Desde esa perspectiva, reafirmamos nuestra solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y con su Presidente Nicolás Maduro frente a las sanciones, amenazas e intentos de desestabilización impulsados por los Estados Unidos, que constituyen una grave vulneración del derecho internacional y un nuevo intento de someter la voluntad soberana de los pueblos latinoamericanos. La defensa de Venezuela, de su soberanía y del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino forma parte de la misma tradición antiimperialista y latinoamericanista que Salvador Allende defendió durante toda su vida.

La liberación nacional y Antimperialista 

Allende fue igualmente un firme partidario de las luchas de liberación nacional que marcaron el siglo XX. Expresó su solidaridad con el heroico pueblo vietnamita frente a la agresión imperialista estadounidense y respaldó la lucha del pueblo argelino y de la República Argelina Democrática y Popular por conquistar y defender su independencia nacional frente al colonialismo francés. Comprendió que las luchas de los pueblos de Asia, África y América Latina formaban parte de una misma batalla universal contra el colonialismo, el racismo, la explotación y la dominación imperial.

Asimismo, Salvador Allende mantuvo un compromiso permanente con el derecho del pueblo puertorriqueño a la autodeterminación y la independencia nacional, denunciando la condición colonial impuesta a Puerto Rico y defendiendo su derecho inalienable a decidir libremente su futuro.

Su ejemplo nos recuerda que no hay transformación verdadera sin organización popular; que no hay soberanía sin control democrático de los recursos naturales estratégicos; que no hay justicia social sin una profunda redistribución de la riqueza; y que no hay democracia plena mientras persistan la desigualdad, la exclusión y la dominación de los grandes poderes económicos sobre la vida de los pueblos.

A 118 años de su nacimiento, el legado internacionalista, antiimperialista, anticolonial, democrático y socialista de Salvador Allende sigue iluminando las luchas del presente. Su ejemplo continúa inspirando a los pueblos que enfrentan las nuevas formas de dominación imperial, que defienden su soberanía nacional y que luchan por la justicia social, la autodeterminación, la democracia popular y la construcción de un mundo más justo, solidario y multipolar.

Nos convoca a mantener nuestro compromiso con las causas de descolonización y autodeterminación que aún permanecen abiertas en pleno siglo XXI. Nos convoca a seguir acompañando la heroica lucha del pueblo saharaui por su independencia y por el ejercicio efectivo de su derecho a la autodeterminación frente a la ocupación colonial marroquí. Nos convoca a seguir expresando nuestra solidaridad con la resistencia del pueblo palestino frente a la ocupación, el apartheid y el genocidio. Nos convoca igualmente a continuar apoyando la histórica lucha del pueblo puertorriqueño por alcanzar su plena independencia y soberanía nacional.

La alternativa socialista sigue vigente 

Desde el Movimiento del Socialismo Allendista reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una alternativa socialista, democrática, popular, ecologista, latinoamericanista, indoamericanista e internacionalista para Chile y Nuestra América. Reafirmamos nuestra convicción de que las grandes alamedas por las que caminarán los hombres y mujeres libres siguen siendo una tarea histórica pendiente y una esperanza vigente para millones de personas en el mundo.

A 118 años de su nacimiento, Salvador Allende continúa siendo una referencia viva para quienes luchan por la segunda y definitiva independencia de Nuestra América, por la autodeterminación de los pueblos y por la construcción de una sociedad socialista, democrática y profundamente humana.

La mejor manera de homenajear a Salvador Allende es continuar levantando las banderas de la solidaridad internacionalista, del antiimperialismo, del socialismo, de la liberación nacional, de la integración latinoamericana y de la unidad de los pueblos del mundo.

Porque Allende no pertenece al pasado.

Allende pertenece al futuro.

¡Honor y gloria al compañero Presidente Salvador Allende!

¡Viva la unidad de los pueblos de Nuestra América!

¡Viva el socialismo!

Esteban Silva Cuadra

Movimiento del Socialismo Allendista de Chile

26 de junio de 2026

El imperio contra la humanidad

 Reportaje: La Forja del Imperio – El Ascenso Despiadado de los Titanes Industriales que Redibujaron el Mundo

El documental “Gigantes de la industria” (The Men Who Built America) de History Channel no es un mero relato del éxito empresarial estadounidense. Es la cruda radiografía de cómo un puñado de ambiciosos tejió, en medio de la sangre y el acero, la estructura sobre la que se erigiría el orden económico global del siglo XX. Esta serie desnuda un proceso en el que la construcción de una nación sirvió de campo de pruebas para una ideología implacable: la acumulación de riqueza sin límites, engrasada por el motor de las guerras y la compra del poder político.

📜 El Lienzo de los Titanes

La serie retrata la transformación de Estados Unidos tras la Guerra de Secesión, mostrando a una nación devastada que sirvió como escenario para que visionarios sin escrúpulos construyeran desde cero las bases de la industria moderna: el combustible, el ferrocarril, el acero, la electricidad y las finanzas. Figuras como Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y Henry Ford aparecen en el relato como los arquitectos del sueño americano, pero la narrativa expone sin ambages el altísimo coste de esa hazaña.

⛓️ La Lógica del Barón Ladrón: Monopolio y Violencia

La estrategia predilecta de estos magnates fue la eliminación sistemática de la competencia, convirtiendo el mercado en un campo de batalla donde solo el más fuerte sobrevivía. La serie muestra a Rockefeller consolidando su Standard Oil hasta controlar el 90% de la refinación de petróleo en EE.UU., mientras que Carnegie dominaba la industria siderúrgica del país. Pero el documental profundiza en las tácticas reales: la asociación con mafiosos para asesinar líderes sindicales, la represión violenta de huelgas y el pago de salarios de miseria a una masa de inmigrantes sin derechos. El término barones ladrones es un recordatorio feroz de que esta riqueza se amasó no solo con genio empresarial, sino con crueldad y sangre.

🏛️ La Política a Subasta: La Casa Blanca en Venta

El episodio más revelador de “Gigantes de la industria” muestra cómo estos empresarios dejaron de competir entre sí para unir fuerzas en un objetivo común: controlar la Casa Blanca. A través de una minuciosa recreación, el documental relata cómo Rockefeller, Carnegie y Morgan financiaron masivamente la campaña presidencial de William McKinley en 1896, aportando el equivalente actual a 30 millones de dólares. El objetivo era claro: poner en el poder a un hombre que desmantelara las regulaciones, otorgándoles carta blanca para expandir sus monopolios sin freno.

💣 La Maquinaria de Guerra: El Negocio Más Lucrativo

La serie deja claro que el poderío industrial estadounidense no se habría forjado sin una alianza simbiótica con la violencia bélica. La crónica muestra cómo las fortunas de estos magnates crecieron desmesuradamente alimentándose de los conflictos armados: el acero de Carnegie que se convertía en cañones, el petróleo de Rockefeller que movía flotas de guerra, y el capital de Morgan que financiaba ambos polos de la industria militar. Este vínculo se documenta con claridad: entre 1914 y 1918, la empresa DuPont multiplicó el valor de sus acciones en un 1,600%, evolucionando de ser una compañía endeudada a acumular un excedente de 68 millones de dólares al final de la contienda. Las guerras dejaron de ser meras disputas geopolíticas para convertirse en la principal fuente de acumulación de capital.

🗣️ El Contrapunto: La Otra Cara de la Moneda

Afortunadamente, el relato dominante no es monolítico. Académicos como los de la Universidad de Texas han analizado cómo series como The Men Who Built America perpetúan, a menudo, una ideología que borra deliberadamente del relato al trabajador y al proceso de explotación laboral, vendiendo la acumulación de capital como un acto de genio individual.

⚖️ Desenlace y Preguntas

El documental concluye su arco narrativo con el momento en que el poder de estos titanes empieza a enfrentar resistencia. La trágica ironía de su plan se desata cuando el asesinato de McKinley eleva a la presidencia a Theodore Roosevelt, quien inicia la disolución de los monopolios. Pero la obra de estos hombres ya estaba hecha: habían construido un sistema diseñado para proteger su riqueza y expandir su poder sin importar las consecuencias humanas.

🌍 Epílogo: El Eco en el Tiempo

“Gigantes de la industria” no es una pieza de museo. El modelo de negocio que exhibe —la concentración monopólica, la influencia directa en la política y la apuesta por la guerra como motor de ganancias— es un espectro que sigue recorriendo el mundo contemporáneo. Al contemplar la arquitectura del poder económico actual, este reportaje sugiere que, en esencia, las reglas del juego apenas han cambiado. La única diferencia es que los nuevos titanes no construyen imperios de acero, sino de datos, pero la ideología que los mueve es el mismo eco sordo del siglo XX: acumular sin límites, a cualquier precio.

El espejismo de la integración

El espejismo de la integración: Demolición en La Pintana, la herencia del DFL 2 y el derecho a la ciudad.

  -– Santiago de Chile – 

 10 de mayo de 2026

En la comuna de La Pintana, en la periferia sur de Santiago, 350 familias enfrentan un desalojo anunciado. Las “viviendas” que habitan, construcciones de apenas 12 metros cuadrados entregadas por el Estado en los años 90, han sido declaradas inhabitables y serán demolidas. La noticia, presentada por los medios como un reordenamiento urbano necesario, es en realidad la fotografía más reciente de una herida histórica no cerrada: la construcción de una ciudad segregada, diseñada bajo dictadura, consolidada por gobiernos democráticos mediante instrumentos legales como el DFL 2, y ejecutada sistemáticamente sin la participación de los pobladores. 

La herencia de ladrillo y sangre: La Pintana como territorio de erradicación 

Para entender las actuales demoliciones, es imprescindible viajar a los orígenes de La Pintana como comuna masiva. 

Creada oficialmente como comuna el 9 de marzo de 1981 por un decreto en plena dictadura de Augusto Pinochet, su primer alcalde fue un coronel del Ejército nombrado directamente por el dictador. Sin embargo, antes de ese decreto, el territorio ya estaba siendo transformado por una de las políticas más brutales del régimen: la erradicación de campamentos. Entre 1979 y 1984, la dictadura militar implementó una política sistemática de desplazamiento forzado que re-localizó a cerca de 172.000 personas dentro del Gran Santiago.

El objetivo era claro: "limpiar" las comunas del sector norte y oriente (terrenos valorizables para el negocio inmobiliario) y confinar a los pobres en la periferia sur. La Pintana fue la mayor receptora neta de este proceso. 

Mientras en 1982 tenía 73.730 habitantes, en 1988 ya albergaba a 166.551. Este crecimiento explosivo no fue producto de la migración voluntaria, sino de una "operación sincronizada" de desplazamiento. 

Testimonios de la época relatan cómo campamentos como "El Esfuerzo", ubicados a orillas del río Mapocho, fueron desarmados por la fuerza pública y sus habitantes "botados" en sectores como El Castillo, en La Pintana. 

Como explica un dirigente social de la época, "los sacaron del barrio alto y los vinieron a botar acá. Es una comuna dormitorio, el obrero llega a dormir no más" (SIC). El artículo publicado en 1996 por Ignacio Irarrázaval en El País, aunque elogia el "esfuerzo individual" de los pobladores por mejorar sus casas, admite la coactividad: "En los casos en que los pobladores se negaron a partir fueron conminados por la fuerza pública". 

Esa "mejora" de la que habla el estudio—ampliaciones precarias hechas con los años—es exactamente lo que hoy se considera inhabitables y que genera las demoliciones actuales. La promesa era un punto de partida; la realidad fue un abandono estatal tras la relocalización forzada. 

El DFL 2: La máscara fiscal de la segregación

Mientras la dictadura movía personas, también perfeccionaba las herramientas legales para que el mercado hiciera el resto. El Decreto con Fuerza de Ley N° 2, aunque fue creado originalmente en 1959, fue el vehículo perfecto para la política de vivienda neoliberal. Originalmente concebido como un incentivo para la construcción de viviendas económicas mediante beneficios tributarios (menos impuestos a cambio de límites de metros cuadrados y precios), el DFL 2 se convirtió en la espina dorsal del modelo de subsidio a la demanda bajo la dictadura. 

La lógica era perversamente simple y efectiva: el Estado dejaba de construir vivienda pública, traspasaba recursos a privados mediante subsidios, y utilizaba el DFL 2 para asegurar que esos privados construyeran barrios completos pero con estándares mínimos. Como resultado, se consolidó la "vivienda social" como sinónimo de pequeñez y localización periférica. 

La ley establecía originalmente límites de construcción nunca pensados para la dignidad, sino para el ahorro fiscal y la ganancia privada. 

Si el DFL 2 fue el instrumento, las modificaciones posteriores en dictadura aseguraron que el suelo dejara de ser un bien público. Se eliminó el límite urbano en 1979, permitiendo que la ciudad creciera un 160% sobre terrenos baratos y planos en la periferia, donde se arrojaron estas familias. 

 La transición y la continuidad de la deuda Con el retorno de la democracia en 1990, se esperaba una corrección de rumbo. Sin embargo, la política de vivienda mantuvo la misma matriz neoliberal. 

El slogan "que la casa crezca" se instaló en el imaginario: el Estado entregaba una "base" diminuta (a veces de 10 o 12 metros cuadrados, como las de La Pintana) y la familia debía ampliarla con su propio esfuerzo. 

 Durante los gobiernos de la Concertación y posteriores, el DFL 2 no solo se mantuvo, sino que se actualizó en beneficio del mercado. Las viviendas acogidas a este decreto (con tope de 140 m² y luego ajustado) siguieron disfrutando de exenciones tributarias. Sin embargo, en lugar de fiscalizar a los privados por la calidad de la construcción, el Estado se limitó a gestionar el subsidio. 

 En el escenario actual (2025-2026), el debate sobre el DFL 2 no gira en torno a reparar la deuda social o mejorar las viviendas existentes. 

El gobierno entrante (liderado por José Antonio Kast) discute ampliar el DFL 2 para que las personas puedan tener "tres o más propiedades" acogidas al beneficio, reduciendo el límite de metros cuadrados a 90 m² y aplicando un impuesto único del 5% a los arriendos. Es decir, la discusión política actual se centra en reactivar el mercado inmobiliario y simplificar la tributación de los arrendadores, no en resolver la vida de las 350 familias de La Pintana que viven en el equivalente a una habitación. 

 El derecho pisoteado y la ausencia perpetua de voz El hilo conductor que une la erradicación de los 80 con las demoliciones de hoy es la nula participación de los pobladores en las decisiones sobre su hábitat. 

 En dictadura, la decisión fue unilateral y violenta: "sacar a los rotos del centro". Los pobladores eran objetos de una ingeniería social urbana, no sujetos de derecho. La creación de La Pintana misma fue un acto administrativo de escritorio para concentrar la pobreza. 

 Hoy, la situación se repite con ropaje técnico. Las viviendas de 12 metros cuadrados son declaradas "inhabitables" por peritos. La solución es la demolición. ¿Dónde están las mesas de trabajo con esas 350 familias? ¿Dónde la opción de reconstrucción en sitio? 

La respuesta es la misma de siempre: no existen. La política habitacional chilena sigue siendo eminentemente "entreguista" y "desplazadora". Se entrega una llave para irse a otro lado, o se demuele para construir "nuevas", raramente consultando el arraigo de quienes llevan 30 años construyendo su vida en ese territorio. 

 La Ley de Vivienda Digna no es solo un techo. El derecho a la vivienda digna implica calidad, ubicación, y participación. 

En Chile, la urgencia cuantitativa de terminar con los campamentos siempre ha servido de excusa para la precariedad cualitativa. 

Que una familia haya recibido una letrina y cuatro paredes de 10 m² en los 90 no era una solución, era una condena a la perpetuación de la pobreza y al hacinamiento, que hoy se pretende borrar con una retroexcavadora.

 Como conclusión,  la demolición de las viviendas en La Pintana no es un accidente, sino el capítulo final de un ciclo perverso: erradicación forzada en dictadura - asignación de micro-lotes con promesas vacías - abandono estatal durante décadas - declaración de inhabitabilidad - nueva erradicación. 

 Mientras tanto, el DFL 2—ese mismo paraguas legal que permitió la especulación y la construcción en masa de "cajas de fósforos"—es reformado hoy para darle más beneficios a los propietarios de múltiples inmuebles, en lugar de ser utilizado para financiar la recuperación de los barrios que el propio Estado condenó a la pobreza. 

 Los 350 familias de La Pintana no son un caso aislado. Son el rostro de un Estado que, durante casi 50 años, ha administrado la miseria en lugar de erradicar la desigualdad urbana. Mientras no exista una política de reparación histórica con participación popular real, las "demoliciones" seguirán siendo el destino de quienes fueron arrojados a la periferia para no volver a ser vistos.

Gustavo Paredes Villagra 

Diplomado en Gestión y Participación Local

(Universidad de la República 

Planificador Vecinal

(Programa Urbano Jundep 1989)

OPEP y la dependencia americana

Gasolina más barata o más 

cara: cómo impactaría en 

América Latina la salida de 

EAU de la OPEP

RT en español 

Publicado:28 abr 2026 15:54 GMT

La nación árabe ha anunciado que abandonará la organización a partir del próximo 1 de mayo.

La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la OPEP + el 1 de mayo vuelve a poner en primer plano una pregunta que en América Latina se siente rápido en el bolsillo: qué pasará con la gasolina. Aunque la noticia se origina a miles de kilómetros de la región, cualquier alteración en el equilibrio del mercado petrolero global termina repercutiendo, de una u otra manera, en los precios de los combustibles, en la inflación y en los costos de transporte.

¿Qué se sabe de la OPEP, el bloque que controla los precios mundiales del petróleo? 

La salida de los EAU no garantiza por sí sola una gasolina más barata ni más cara. Lo que sí hace es introducir más incertidumbre en un mercado extremadamente sensible a la producción, a la disciplina entre exportadores y a las expectativas de 'traders' e inversores. Para América Latina, donde conviven importadores netos de combustibles con grandes productores de crudo, el impacto puede ser desigual y, en algunos casos, contradictorio.

Por qué importa la salida de los EAU

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Emiratos Árabes Unidos es un productor relevante dentro de la OPEP. Su salida envía una señal política al mercado: uno de los miembros importantes del grupo quiere recuperar libertad para decidir su nivel de producción sin quedar atado a cuotas colectivas.

Eso importa porque la OPEP ha funcionado como una herramienta de coordinación de oferta para sostener o estabilizar precios. Si un productor importante abandona el esquema, el mercado puede interpretar que la organización pierde cohesión. Y cuando la percepción es que la disciplina se debilita, suele crecer la expectativa de más oferta futura y mayor volatilidad.

Si los EAU deciden aumentar la producción tras su salida, eso podría presionar a la baja el precio internacional del crudo. Pero si el anuncio genera tensiones geopolíticas, descoordinación o respuestas defensivas de otros productores, también puede generar el efecto contrario, al menos temporalmente.

La relación entre petróleo y gasolina no es automática

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Antes de pensar en el impacto sobre América Latina, conviene subrayar algo esencial: el precio del petróleo no se traduce mecánicamente en el precio de la gasolina.

El combustible que paga el consumidor depende también de:

• costos de refinación
• transporte y distribución
• impuestos
• subsidios estatales
• tipo de cambio
• regulaciones locales

Eso significa que una caída del barril no siempre se refleja de forma inmediata o completa en la gasolinera. Y una subida internacional puede sentirse con mayor fuerza en países con monedas débiles o sin capacidad fiscal para amortiguar el golpe.

Qué puede pasar si el petróleo baja

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El escenario más intuitivo es el de una eventual bajada del crudo si los EAU aumentan producción y el resto de la OPEP no compensa. En ese caso, varios países latinoamericanos importadores de combustibles podrían beneficiarse.

Economías como Chile, Uruguay, Paraguay, la República Dominicana y buena parte de Centroamérica, más dependientes de la energía importada, tendrían margen para ver menores costos de combustibles, menos presión sobre la inflación y cierto alivio en transporte y logística.

En países donde los combustibles pesan mucho en el costo de vida, una bajada internacional puede aliviar también el precio de alimentos y servicios. Para los bancos centrales, eso sería una ayuda en la lucha contra la inflación.

Sin embargo, incluso en esos casos, el alivio puede llegar con retraso o ser parcial. Si las monedas locales se deprecian o si los gobiernos mantienen alta carga fiscal sobre los combustibles, el consumidor puede percibir solo una parte de la bajada.

Qué puede pasar si domina la volatilidad o suben los precios

La otra posibilidad es que la salida de los Emiratos Árabes Unidos no se traduzca de inmediato en más oferta, sino en una fase de incertidumbre y tensiones dentro del mercado petrolero. Si Arabia Saudita responde tratando de sostener precios o si el anuncio alimenta el temor a una fractura mayor en la OPEP, el crudo puede volverse más volátil e incluso encarecerse en ciertos momentos.

Para América Latina, esa volatilidad suele ser problemática. Los países importadores verían mayor presión sobre su factura energética, sobre la inflación y sobre las cuentas externas. Y los gobiernos tendrían menos margen para absorber subidas sin recurrir a subsidios costosos o a ajustes en precios internos.

En esos contextos, la gasolina puede subir rápidamente y convertirse en un factor de desgaste social y político, como ha ocurrido en distintos momentos de la historia reciente de la región.

El caso de los países productores

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Hay además una paradoja importante: si la salida de Emiratos lleva a una caída del petróleo, eso puede traducirse en gasolina algo más barata para consumidores en varios países, pero también en problemas fiscales para los exportadores latinoamericanos.

México, Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil tienen distintos grados de exposición al precio del crudo. Para ellos, un petróleo más barato puede reducir ingresos por exportaciones, afectar recaudación y debilitar monedas. Y una moneda más débil puede, a su vez, encarecer los combustibles importados o neutralizar parte del alivio internacional.

En otras palabras, un barril más barato no siempre significa gasolina más barata si el efecto viene acompañado de depreciación cambiaria o presión fiscal.

Brasil y México, por el tamaño de sus mercados y sus empresas energéticas, tienen más instrumentos para administrar estas tensiones. Colombia y Ecuador son más sensibles a la renta petrolera. Venezuela enfrenta un cuadro mucho más complejo, donde la dinámica de precios internacionales interactúa con sanciones, caída de producción y fragilidad estructural.

Qué conviene observar ahora

En las próximas semanas, el impacto real dependerá de varios factores:

• si Emiratos anuncia aumentos concretos de producción, cómo reaccionarán Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP
• si el mercado interpreta la salida como una fractura seria o como un episodio manejable
• y cómo evolucionará el dólar, la demanda global y los conflictos geopolíticos

Para América Latina también será clave observar la respuesta interna de cada país: subsidios, política fiscal, comportamiento de la moneda y capacidad de trasladar o amortiguar los cambios internacionales.

Un futuro incierto

La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP no permite dar una respuesta simple sobre si la gasolina será más barata o más cara en América Latina. El efecto dependerá de si el mercado termina dominado por una mayor oferta de crudo o por una mayor inestabilidad.

Si aumenta la producción y bajan los precios internacionales, varios países importadores de la región podrían beneficiarse con combustibles más baratos y menos inflación. Pero si la decisión desordena el mercado o golpea las monedas y las finanzas de los exportadores, el alivio puede ser parcial o incluso transformarse en encarecimiento.

Más que una garantía de gasolina barata o cara, la noticia de la salida de los EAU es, por ahora, una señal de que América Latina vuelve a quedar expuesta a los vaivenes de un mercado energético que no controla, pero que influye directamente en su economía cotidiana.

Entre subsidios e ingresos insuficientes

 Actualidad

Entre la línea del subsidio y la factura del supermercado: RSH, recaudación y el bolsillo de la clase media chilena

Por Gustavo Paredes V.

*Reportaje de análisis socioeconómico | Chile, 2026*

En Chile, el bienestar económico de millones de hogares ya no se mide solo por lo que ganan, sino por lo que logran conservar después de pagar impuestos, arriendo, salud y la canasta básica. Mientras el Estado calibra su red de protección social a través del **Registro Social de Hogares (RSH)**, la recaudación fiscal mantiene niveles históricamente altos y la inflación ha erosionado de forma sostenida el poder adquisitivo de la ciudadanía. Pero, ¿quién paga realmente el costo de esta ecuación? Los indicadores macroeconómicos, los estudios académicos y los reportes de hogares apuntan a un segmento cada vez más visible en su silenciosa posición social: la **clase media vulnerable**, atrapada entre la exclusión de los subsidios y la presión tributaria indirecta.

 ¿Qué es el Registro Social de Hogares y para qué sirve?

El RSH es la herramienta oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que reemplazó en 2015 a la antigua Ficha de Protección Social. Su propósito no es medir pobreza de manera absoluta, sino **caracterizar la situación socioeconómica de los hogares** para focalizar políticas públicas: subsidios de agua, luz, transporte, salud (Fonasa), becas estudiantiles, bonos, programas de vivienda y apoyo a la primera infancia.

A diferencia de un indicador puramente monetario, el RSH cruza variables como ingresos declarados y estimados, composición familiar, condiciones de la vivienda, nivel educativo, discapacidad y acceso a activos. Con ello, asigna un puntaje que ubica a los hogares en deciles de vulnerabilidad. Quien queda por debajo de un umbral accede a beneficios; quien lo supera, queda fuera.

**El problema estructural:** el puntaje se actualiza con ciclos lentos y umbrales que no siempre reflejan la dinámica del costo de vida. Muchos hogares que hace cinco años eran considerados "vulnerables" mantienen su clasificación, aunque sus gastos se hayan disparado, sus salarios reales hayan caído y su margen de ahorro se haya evaporado. El RSH, diseñado para proteger, termina dejando en un limbo a quienes ya no son pobres extremos, pero tampoco gozan de estabilidad económica.

El nuevo gobierno y su lapidaria constatación de la situación nacional…

"Chile está quebrado": ¿Realidad económica o relato político? Análisis crítico de la afirmación de Kast

 La frase y su contexto

El presidente José Antonio Kast ha declarado públicamente que *"Chile está quebrado y no tiene recursos para bienestar social"*. Esta afirmación, contundente y cargada de dramatismo, ha generado un intenso debate en el espacio público. Pero, ¿responde a la evidencia económica disponible o constituye una construcción retórica con fines políticos?

Para responder con rigor, es necesario separar la **percepción** de la **realidad fiscal**, y examinar los datos que describen la situación de las finanzas públicas chilenas en 2026

 Los datos: ¿Qué dicen las cifras oficiales?

1. Deuda pública: ¿"Quiebra" o nivel manejable?

- La deuda bruta del gobierno central se sitúa en **41,7% del PIB**, según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

- Este nivel está **por debajo del umbral de prudencia fiscal del 45%** que el propio Estado chileno, en gobiernos anteriores se ha fijado, y muy lejos de los niveles de países desarrollados: Estados Unidos supera el 120% del PIB, Francia el 117%, y el promedio de la OCDE ronda el 110%.

- La estabilidad de este ratio en los últimos años refleja que, si bien la deuda ha crecido en términos nominales, el PIB nominal también lo ha hecho, moderando su peso relativo.

**Conclusión parcial sobre la falacia:** Chile no está "quebrado" en términos de solvencia. Su nivel de endeudamiento es moderado y sostenible según estándares internacionales.

2. Déficit fiscal: ¿Descontrol o desafío gestionable?

- El déficit estructural de 2025 cerró en **3,55-3,6% del PIB**, superando la meta original de 1,1% (fuentes indicadas al final).

- Este incumplimiento se explica principalmente por **errores en la proyección de ingresos tributarios no mineros** y por menores transferencias de Codelco, no por un "gasto desbocado".

- El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha recomendado converger hacia el equilibrio estructural en el mediano plazo, pero no ha declarado una crisis de sostenibilidad.

**Conclusión parcial del déficit fiscal:** Existe un desajuste fiscal que requiere corrección, pero no una emergencia que justifique la narrativa de "quiebra".

 3. Recaudación tributaria: El verdadero cuello de botella

- Chile recauda aproximadamente **21-27% de su PIB en impuestos**, una de las tasas más bajas de la OCDE, donde el promedio supera el 34% y países como Francia o Finlandia alcanzan el 50-57%.

- Esto implica que el Estado chileno dispone de **menos recursos per cápita** para financiar salud, educación, pensiones y protección social que sus pares desarrollados.

- La OCDE ha señalado explícitamente que "los ingresos fiscales, de tan solo 21% del PIB, son insuficientes para cubrir las demandas sociales y preservar la inversión pública necesaria".

**Conclusión clave:** El problema no es que "no haya recursos", sino que el sistema tributario chileno recoge proporcionalmente menos que otros países con niveles similares de desarrollo.

 Análisis crítico: ¿Por qué afirmar que "Chile está quebrado"?

1. Una narrativa con fines políticos

La afirmación de Kast cumple varias funciones estratégicas:

- **Justificar ajustes**: 

Al presentar las cuentas públicas como "en quiebra", se legitiman recortes de gasto sin necesidad de debatir alternativas como aumentar la recaudación progresiva.

- **Deslegitimar políticas previas**:

La frase construye una "herencia tóxica" que responsabiliza al gobierno anterior, desplazando la atención de las propias propuestas.

- **Reconfigurar expectativas**: 

Al instalar la idea de escasez absoluta, se reduce la presión ciudadana por ampliar derechos sociales.

2. Omisiones relevantes en el relato.

La afirmación omite deliberadamente aspectos clave:

- **Chile mantiene grado de inversión** y acceso a mercados internacionales de crédito a tasas competitivas, lo que sería imposible si realmente estuviera "quebrado".

- **Existen márgenes de maniobra**: Reformas tributarias focalizadas, combate a la elusión, revisión de exenciones (estimadas en ~1% del PIB) y mejoramiento de la eficiencia del gasto podrían generar recursos adicionales sin recortar protección social.

- **El gasto social ya es limitado**:

Cómo se dijo anteriormente, Chile está entre los países de la OCDE con menor gasto público en protección social como porcentaje del PIB. Decir que "no hay recursos" ignora que la prioridad política —no la imposibilidad técnica— define la asignación presupuestaria.

 3. El riesgo de la profecía autocumplida

Declarar que "no hay recursos para bienestar social" puede convertirse en una profecía autocumplida:

- Si se recorta inversión en salud preventiva, educación temprana o programas de empleo, se deteriora el capital humano y se reduce el potencial de crecimiento futuro.

- La erosión de la cohesión social aumenta la conflictividad, lo que a su vez desincentiva la inversión privada.

- La pérdida de confianza en la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía debilita el contrato social y alimenta la polarización.

 Una mirada alternativa: 

Recursos sí hay, pero se requiere voluntad política

La evidencia disponible permite afirmar con fundamento que:

✅ **Chile no está quebrado**: Sus indicadores de deuda y acceso a financiamiento son sólidos en comparación regional e internacional.

✅ **Existen recursos potenciales**: Una reforma tributaria progresiva, la eliminación de exenciones injustificadas y una mejor focalización del gasto podrían liberar entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB para políticas sociales.

✅ **La prioridad es política, no técnica**: La decisión de no aumentar la recaudación o de recortar gasto social refleja una opción ideológica, no una restricción económica ineludible.

✅ **El verdadero desafío es distributivo**: Chile puede financiar un piso básico de bienestar para toda su ciudadanía; la pregunta es si está dispuesto a hacerlo mediante un sistema tributario más justo y un Estado más eficiente.

La recaudación fiscal en contexto:

¿quién sostiene la caja común?

 Chile ha registrado en los últimos años niveles de recaudación tributaria cercanos al **21-22% del PIB**, con picos en períodos de alta actividad económica y ajustes pospandemia. Según la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), gran parte de esta recaudación proviene de **impuestos indirectos**, especialmente el IVA del 19%, pero también de impuestos a combustibles, timbres y estampillas, y derechos de importación.

Aunque las reformas tributarias recientes han buscado ampliar la base impositiva y gravar con mayor progresividad a rentas altas y patrimonios concentrados, la estructura del sistema sigue siendo **marcadamente regresiva en la práctica**: el IVA y otros impuestos al consumo representan más del 50% de la recaudación corriente. Esto implica que, proporcionalmente, los hogares de menores y medianos ingresos financian una porción mayor de la caja fiscal que los deciles altos, ya que destinan la mayor parte de su ingreso al consumo diario.

El Estado recauda más, sí. Pero la pregunta es: **¿con qué bolsillo?**

 📉 La pérdida del poder adquisitivo: la crisis silenciosa…

Tras el choque inflacionario de 2022-2023, que llevó la variación del IPC a cifras no vistas en tres décadas (superando el 12% anual en su punto máximo), Chile logró contener la tendencia general gracias a una política monetaria restrictiva. Sin embargo, la **inflación subyacente y la rigidez de precios clave** (alimentos frescos, arriendos, salud privada, educación y servicios básicos) mantuvieron una presión sostenida sobre los hogares.

Los salarios, por su parte, no han crecido al mismo ritmo. Datos del INE, encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP) y reportes del Banco Central muestran que el **ingreso real de los deciles medios y bajos se estancó o retrocedió en términos reales** durante el ciclo 2022-2025. El resultado es un fenómeno que economistas y sociólogos denominan "efecto tijera": más trabajo, más gastos fijos, menos margen para ahorro, imprevistos o movilidad social.

La pérdida de poder adquisitivo no es solo un número macroeconómico. Es la decisión de postergar una reparación dental, cambiar de marca en el supermercado, posponer un trámite de vivienda o asumir créditos de consumo con tasas que duplican la inflación. Es la sensación cotidiana de **correr para quedarse en el mismo lugar**.

 El segmento más perjudicado: la clase media vulnerable

¿A quién golpea con mayor fuerza la convergencia entre RSH, recaudación y erosión del poder adquisitivo? La evidencia apunta con claridad a la **clase media vulnerable** (deciles 3, 4, 5 y parte del 6 de la distribución de ingresos).

Este grupo enfrenta una triple presión:

1. **Exclusión focalizada:** sus puntajes en el RSH los ubican por encima de los umbrales de vulnerabilidad extrema, por lo que no acceden a la mayoría de los subsidios directos. Sin embargo, sus ingresos son insuficientes para absorber shocks de precios sin endeudamiento o precarización laboral.

2. **Carga tributaria regresiva:** destinan entre el 65% y 80% de su gasto al consumo esencial, lo que los expone de manera desproporcionada al IVA y otros impuestos indirectos. A diferencia de los deciles altos, no pueden compensar esta presión con activos financieros o diversificación de ingresos.

3. **Falta de red de contención:** no cuentan con el colchón patrimonial de los estratos superiores, ni con la cobertura ampliada de los programas sociales de los deciles más bajos. Cualquier imprevisto (enfermedad, despido, alza de arriendo o reparación del hogar) los empuja rápidamente hacia el sobreendeudamiento.

Estudios del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, informes de la CEP y análisis de la Fundación Sol han documentado cómo este segmento es el más sensible a la inflación de alimentos y vivienda, y el que reporta mayor deterioro en su **calidad de vida subjetiva** y expectativas de movilidad social. Sociólogos lo denominan la **"trampa de la clase media"**: trabajan, pagan impuestos, consumen, pero no avanzan. Y, en muchos casos, retroceden.

Conclusión: 

Entre la retórica y la responsabilidad

Afirmar que "Chile está quebrado y no tiene recursos para bienestar social" es, en el mejor de los casos, una simplificación peligrosa; en el peor, una manipulación del debate público. Los datos muestran una situación fiscal desafiante, sí, pero lejos de la catástrofe que sugiere la frase.

El verdadero debate no es si hay o no recursos, sino **cómo se generan, cómo se asignan y para quién se destinan**. Un país que recauda menos del 27% de su PIB en impuestos difícilmente podrá financiar un Estado de bienestar robusto sin reformas estructurales. Pero eso es una decisión política, no un destino económico.

La responsabilidad de quienes gobiernan —y de quienes los fiscalizan— es informar con precisión, proponer con transparencia y actuar con coherencia. Porque en democracia, las palabras no solo describen la realidad: también la construyen. Y cuando se habla de "quiebra" donde hay márgenes de acción, se corre el riesgo de cerrar puertas que, con voluntad colectiva, podrían estar abiertas.

 Reflexión final: indicadores, impuestos y cohesión social

El Registro Social de Hogares es una herramienta necesaria, pero insuficiente si no se actualiza con la realidad económica de los hogares. La recaudación fiscal, aunque récord, refleja un sistema que sigue descansando en el consumo y no en la redistribución progresiva. Y la pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno cíclico pasajero: es un síntoma de desequilibrios estructurales que requieren ajustes de política, no solo comunicacionales.

Revisar y modernizar los umbrales del RSH, aliviar la presión tributaria indirecta sobre la canasta básica, fortalecer el salario mínimo real con cláusulas de ajuste automático y ampliar la protección social para la clase media vulnerable no son medidas técnicas aisladas. Son pilares de cohesión social. Porque un país no se mide solo por lo que recauda, ni por la precisión de sus indicadores. Se mide por lo que deja en el bolsillo, en la mesa y en la tranquilidad de quienes más trabajan y menos margen tienen para errar.

En consecuencia, por lo demostrado inicialmente por el gobierno de Kast, la prioridad no es solucionar los problemas sociales estructurales, sino que el objetivo primario de la administración entrante, es fortalecer el ingreso en la tasa de ganancias empresariales, vía impositiva e inflacionaria y mantener un ajuste fiscal en desmedro de las clases medias y bajas que finalmente pagarán los costos de la crisis estructural del capitalismo y de la guerra imperialista que pretende revitalizar el neoliberalismo, modelo fracasado socialmente.

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📊 **Nota metodológica:**  

Este reportaje se basa en información pública disponible hasta 2025-2026, incluyendo datos del INE, DIPRES, SII, Banco Central de Chile, encuestas CEP, informes del Observatorio Social UAH y análisis académicos sobre focalización, estructura tributaria y dinámica d

el ingreso real. Para cifras exactas y actualizadas, se recomienda consultar los informes oficiales trimestrales de las instituciones mencionadas.