domingo, 8 de noviembre de 2026

Red de Prensa popular



 El proyecto bolivariano ha entrado en una fase crítica y paradoxal tras el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026. Lejos de colapsar, el chavismo ha mutado bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez, priorizando su supervivencia y la estabilidad económica sobre la pureza ideológica. 


A continuación, se analizan los hechos y proyecciones del proceso actual venezolano.


Del "Socialismo del Siglo XXI" al Pragmatismo social demócrata


El proyecto original de Hugo Chávez buscaba un socialismo basado en lo territorial y comunal, un aporte teórico que el sucesor Nicolás Maduro reivindicó. Sin embargo, su implementación derivó en un modelo estatista, de concentración de poder en cinco pilares democráticos y de transformación institucional, con un aparato propagandístico que mantuvo vivo el discurso antiimperialista, mientras la represión legal y jurídica controlaba la disidencia.


La llegada a la presidencia de Nicolas Maduro en 2013, tras una elección disputada, con intentos opositores de deslegitimación, fue vista por analistas occidentales como la oportunidad perdida para “rectificar” el modelo económico y abrir el juego político a la derecha, algo que no ocurrió. En la práctica, su gobierno terminó navegando irremediablemente hacia un neutro esquema socialista de "capitalismo autoritario", donde las expropiaciones y el control estatal convivieron con concesiones privadas pragmáticas para mantener el poder.


Estrategia Político-Militar y el secuestro del presidente Maduro


La estrategia del PSUV para enfrentar a la oligarquía y al imperio norteamericano se basó en la cooptación de las Fuerzas Armadas y la fragmentación social interna como forma de control político.


El punto de inflexión fue la operación estadounidense "Resolución Absoluta" del 3 de enero de 2026, que secuestró al mandatario Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York a fin de enfrentar supuestos cargos por narcoterrorismo. La narrativa oficial del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se sostiene hoy como continuador de la revolución bolivariana, aludiendo que existe una "falta temporal" del presidente y que, por tanto, no procede convocar elecciones hasta terminar el mandato.


Lejos de una victoria de la oposición, Washington optó por una "ocupación delegada": descabezó al líder continuista, pero preservó el aparato político-militar chavista (con Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Defensa) para evitar el caos y garantizar el flujo petrolero. El chavismo logró así una mutación exitosa: perdió a Nicolás Maduro, pero se mantuvo en el poder.


Contexto Actual en América Latina


El apoyo actual a la revolución bolivariana en la región es simbólico y fragmentado, lejos de la solidaridad masiva de años anteriores.


Mientras organismos como el ALBA-TCP y gobiernos como los de Cuba y Nicaragua expresan su respaldo al "gobierno legítimo" y condenan la agresión imperialista, la realidad es que la mayoría de los países de la región mantiene una postura pragmática o de cautela. La intervención estadounidense y la instalación de un gobierno tutelado en Caracas han reconfigurado el tablero geopolítico, y el respaldo a la "revolución" se expresa más en foros y comunicados que en un apoyo material o diplomático contundente.


Los Errores según Sun Tzu: La derrota de Maduro


La caída de Nicolás Maduro es un caso de estudio de los principios del Arte de la Guerra:


1 - "Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo": Nicolás Maduro falló en ambos frentes. No comprendió la magnitud de la amenaza externa ni la vulnerabilidad interna. Su círculo más cercano fue infiltrado: su jefe de la guardia de honor y de contrainteligencia militar, el general Tawata, lo entregó a Estados Unidos por una recompensa de 50 millones de dólares.

2 - "Cuando los enemigos están unidos, divídelos": La estrategia estadounidense no fue una invasión frontal, sino una erosión silenciosa que explotó las fracturas internas del chavismo (purgas, paranoia, disputas entre Maduro y Diosdado Cabello).

3 - "Vencer sin combatir es la excelencia suprema": La operación de captura fue un golpe de precisión que evitó una guerra convencional, logrando el objetivo de "descabezar" el régimen con un costo humano y militar relativamente bajo para el imperio norteamericano.


La Administración de los Rodríguez: Supervivencia y Nuevo Rumbo


Con Nicolás Maduro fuera de escena, Delcy Rodríguez (con su hermano Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional) ha consolidado un nuevo poder de facto. Su administración se caracteriza por:

A)· Un giro pragmático hacia Washington: Ha impulsado reformas en los sectores petrolero y minero favorables a EE. UU., ha liberado presos políticos mediante una amnistía y ha fortalecido la relación bilateral.

B)· La "desaparición" del presidente Maduro: Su figura ha sido progresivamente retirada del discurso oficial, los murales y los medios estatales para legitimar la nueva gestión y facilitar el entendimiento con la Casa Blanca.

C)· La purga interna: Ha removido a funcionarios leales a Maduro y ha cambiado a la cúpula militar, buscando consolidar su autoridad frente a los sectores más radicales del chavismo que cuestionan el acercamiento a Washington.


En síntesis, el "socialismo del siglo XXI" ha derivado en un régimen híbrido y pragmático que, tras la captura de su líder histórico, ha priorizado su supervivencia mediante una alianza táctica con el mismo imperio que decía combatir. La revolución, como proyecto ideológico, se ha vaciado para dar paso a una maquinaria de poder que administra la crisis y los recursos del país bajo tutela externa.


El papel de los militares y las implicaciones energéticas


Tanto el rol de los militares en el gobierno y las implicaciones energéticas de las medidas actuales, son las dos palancas que explican la mutación del chavismo tras el secuestro de Nicolás Maduro. La FANB no colapsó: fue purgada para servir a un nuevo poder. Y el petróleo no desató un shock de precios: se convirtió en el

 instrumento de negociación con Washington.

La FANB: desde pilar del presidente Maduro a base de la nueva élite venezolana 


La captura y secuestro de Nicolás Maduro dejó a la cúpula militar en una situación insostenible. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa desde 2014, fue destituido en marzo de 2026 junto con toda la cúpula que heredó Maduro. Su salida no fue un ajuste técnico: fue una purga política y geopolítica.


- El mensaje a Rusia: Padrino era el principal canal de influencia rusa en Venezuela. Su relevo por Gustavo González López —exjefe del SEBIN, sancionado por EE. UU., la UE y Canadá por graves violaciones de derechos humanos— envió una señal clara: Caracas reorientaba su alineamiento hacia Washington.

- La lógica de la lealtad: González López no es un rostro renovador, pero sí un operador de confianza de Delcy Rodríguez. El objetivo era consolidar un "círculo de apoyo militar propio", desplazando a los cuadros leales a Maduro y a Moscú.

- El nuevo alto mando: Rafael Prieto Martínez asumió el CEOFANB; Rubén Belzares el Ejército; Jorge Agüero la Armada. Varios de los relevados estaban “sancionados” por EEUU, lo que facilitó el visto bueno tácito de Washington a la remodelación.


En la práctica, los militares venezolanos siguen siendo el árbitro último del poder, pero ahora su lealtad se compra con la promesa de estabilidad y con la perspectiva de un flujo petrolero que financie la nómina y la cúpula. Su rol ya no es defender una revolución, sino administrar la transición bajo tutela externa.


El petróleo: mucho ruido geopolítico, poco impacto en el precio global


La narrativa del "petróleo liberado" es potentísima en Washington, pero la realidad del mercado es más sobria. Venezuela produce alrededor de 1 a 1,2 millones de barriles diarios (mbd) tras años de deterioro. Incluso en el escenario más optimista, solo podría añadir entre 250.000 y 300.000 bpd en 2026, frente a un crecimiento de la demanda global de 750.000 a 1,25 mbd.


El mercado entró 2026 sobre-abastecido. Con inventarios holgados, la incorporación de crudo venezolano —pesado y agrio, ideal para las refinerías del Golfo de México— presiona los precios a la baja o los mantiene contenidos, no los dispara. De hecho, el crudo venezolano se ha estado vendiendo con descuentos de hasta 9 dólares para colocarse.


Factor Efecto real sobre el mercado global

Volumen exportado ~0,8–0,9 mbd, apenas 3 % del comercio mundial de crudo

Producción adicional 2026 +200.000–300.000 bpd, marginal frente a la oferta global

Proyección a 2 años Hasta 1,3–1,4 mbd si hay transición política e inversión sostenida

Proyección a 10 años Hasta 2,5 mbd con reformas institucionales profundas


El verdadero valor es geopolítico, no macroeconómico. El crudo venezolano ha fluido históricamente hacia China (≈4 % de sus importaciones) y ha sido la línea de vida de Cuba, que recibía cerca de dos tercios de sus importaciones a precio de costo. Al redirigir esos flujos hacia EE. UU. mediante licencias a Chevron (que ya produce ~280.000 bpd en empresas mixtas) y Repsol, Washington recorta la influencia de Pekín y La Habana para reafirmar la doctrina Monroe en su versión energética.


Una transición administrada por dos palancas


Los militares garantizan la supervivencia interna del chavismo purgado; el petróleo compra la cobertura externa de Washington. Ninguna de las dos palancas apunta a una revolución: apuntan a una restauración oligárquica y dependiente, donde la FANB asegura el orden y el crudo paga la factura. El "socialismo del siglo XXI" ha mutado en un protectorado energético-militar cuya estabilidad depende de que el precio del barril no se derrumbe y de que la purga militar no genere fracturas internas.


El riesgo de una contra-purga dentro de la FANB o en el posible efecto dominó en Cuba por la redirección del crudo venezolano.


Para el imperio, la contra-purga en la FANB es el riesgo más inmediato para la estabilidad del nuevo esquema; el colapso de Cuba por la redirección del crudo es la consecuencia externa más visible. Ambas dinámicas están entrelazadas: la purga militar busca blindar el poder interno, mientras que el corte petrolero hacia La Habana elimina un aliado histórico y reconfigura el tablero regional.


El riesgo de contra-purga en la FANB: fracturas bajo la superficie


La purga ejecutada por Delcy Rodríguez no fue un ajuste técnico, sino una operación de cirugía política para desmantelar la vieja estructura madurista. El pase a retiro de 110 generales y almirantes (42 del Ejército, 30 de la Guardia Nacional, 20 de la Armada y 18 de la Aviación) buscó romper el "tapón" que durante casi 12 años impidió el ascenso de toda una generación de oficiales. Sin embargo, esa misma cirugía genera el caldo de cultivo para una reacción.


Las grietas que podrían detonar una contra-purga:


* El "descontento brutal" en la oficialidad media y alta: Tras la humillación militar del 3 de enero —cuando la aviación y el CODAI no ofrecieron respuesta alguna durante la extracción y secuestro de Maduro—, sectores de la FANB comenzaron a cuestionar abiertamente la responsabilidad de sus mandos. La permanencia inicial de Padrino López fue vista como una imposición política, no como un reconocimiento a su competencia militar.

* La purga como agravio: El retiro forzoso de 110 oficiales, muchos de ellos con décadas de carrera y lealtades construidas, crea un ejército de desplazados con información sensible y redes de contactos. La reintegración simbólica de solo dos mayores generales a la Guardia Nacional y la Milicia no compensa el resentimiento.

* La "inflación institucional" como dique frágil: Para neutralizar el descontento, Delcy Rodríguez ha inflado el alto mando con generales sin plazas reales, priorizando lealtades personales sobre la meritocracia. Esto desprofesionaliza aún más la FANB y la hace más vulnerable a fracturas internas si el flujo de beneficios (ascensos, cargos, prebendas) se interrumpe.


El cortafuegos de Delcy: La designación de Gustavo González López —un veterano del SEBIN y la DGCIM, con línea dura y sancionado por EE. UU.— al frente del Ministerio de Defensa es precisamente una táctica de contención para "detectar y neutralizar cualquier fisura, conspiración o traición" dentro de los cuarteles. El nuevo Inspector General, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, tiene la misma encomienda: vigilancia interna. El riesgo no es un motín a gran escala —la cúpula está comprada o cooptada—, sino focos de resistencia localizados o una purga dentro de la purga si algún sector leal a Padrino o a Maduro intenta reorganizarse.


Cuba: el efecto dominó de un corte casi total


La dependencia cubana del crudo venezolano era estructural. Venezuela llegó a enviar entre 30.000 y 35.000 barriles diarios a la isla, cubriendo cerca del 40-50 % de sus importaciones energéticas. Tras la captura de Maduro, Washington tomó el control de las exportaciones venezolanas y el suministro a Cuba cesó prácticamente por completo.


La secuencia del colapso:


1. Corte inmediato (enero de 2026): Las reservas de petróleo de Cuba se agotaron. El gobierno lo admitió públicamente en mayo. Los apagones se masificaron y estallaron protestas en La Habana por los cortes de electricidad.

2. "Alivio" condicionado (febrero de 2026): Washington permitió la reventa de crudo venezolano a Cuba, pero solo al sector privado, excluyendo explícitamente al Estado, al ejército y a las instituciones gubernamentales. Es un rescate parcial que ahonda la fractura entre el sector privado emergente y el aparato estatal, y que deja al gobierno sin el combustible que necesita para mantener la generación eléctrica y el transporte.

3. El problema de la solvencia: Aun con licencias, Cuba no tiene divisas para pagar precios de mercado. La isla dependía del esquema de trueque por servicios médicos, no de compras comerciales. México, que podría haber cubierto parte del déficit, fue ahuyentado por amenazas arancelarias de EEUU.


El efecto dominó va más allá de la energía: La relación bilateral entre Caracas y La Habana se ha "congelado". El nuevo gobierno venezolano no solo acata la petición estadounidense de no exportar más petróleo a Cuba, sino que está desmantelando misiones sociales y aplicando una nueva Ley de Hidrocarburos que prioriza la inversión extranjera. Para La Habana, la caída de Maduro no es solo una pérdida económica: es una advertencia estratégica de lo que podría ocurrirle si Washington decide escalar.


Síntesis de dos cronómetros corriendo en paralelo


Delcy Rodríguez ganó tiempo con la purga militar y con el guiño energético a Washington, pero ambos movimientos tienen fecha de caducidad. Si el flujo de petróleo y de beneficios hacia la cúpula castrense se estanca, el descontento de la oficialidad purgada puede encontrar un punto de ignición. Y si Cuba colapsa, el chavismo pierde su último aliado ideológico con capacidad de proyectar una narrativa de resistencia continental. La estabilidad del nuevo esquema depende de que ambos cronómetros no se agoten al mismo tiempo.


Los sectores de la FANB más proclives a una fractura (por componente: Ejército, Guardia Nacional, Milicia) y en el papel de Rusia y China ante el nuevo escenario venezolano y cubano.




Un escenario hipotético o imprevisto de remoción abrupta o captura del liderazgo del régimen chavista desencadenaría una reconfiguración crítica dentro del aparato defensivo venezolano, así como una reevaluación estratégica de sus aliados en Moscú y Pekín.


A continuación se presenta un desglose analítico de los sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) más proclives a fracturarse, seguido por el papel geoestratégico de Rusia y China frente a este nuevo escenario geopolítico.

1. Vulnerabilidad y Riesgo de Fractura en los Componentes de la FANB

La FANB no opera como una fuerza profesional monolítica, sino como un entramado articulado por contrapesos de inteligencia, distribución de rentas ilícitas y adoctrinamiento ideológico. La ausencia de la cabeza de mando quebraría este balance de incentivos.




A. Guardia Nacional Bolivariana (GNB) — Punto de quiebre inmediato

 * Motivo de vulnerabilidad: La GNB es el componente más expuesto al descontento social y al desgaste operativo por cumplir funciones de orden público, custodia de servicios y control del contrabando.

 * Tropa vs. Alto Mando: Existe una fisura abismal entre la cúpula institucional (vinculada al tráfico de rentas y negocios fronterizos) y los rangos medios/bajos (sargentos y oficiales subalternos) golpeados por los salarios precarios y la deserción.

 * Potencial de fractura: Es el componente más proclive al quiebre de disciplina inicial. Ante un vacío de poder, unidades operativas de la GNB podrían negarse a reprimir protestas, negociar salvoconductos locales con actores de oposición o rehusarse a acatar órdenes del Alto Mando Militar destituido.

B. Ejército Bolivariano — Pivote de la transición o fragmentación en facciones

 * Motivo de vulnerabilidad: Detenta la fuerza de fuego pesada y el control de la inteligencia operativa militar. Sin embargo, su estamento de oficiales superiores está fuertemente fragmentado por lealtades de promoción, intereses económicos y supervisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

 * Facciones internas:

   * Oficiales pragmáticos/tecnócratas: Interesados en la supervivencia institucional y la negociación de amnistías.

   * Cúpula ideologizada o señalada: Mandos comprometidos en investigaciones internacionales que verían la rendición como un riesgo existencial personal.

 * Potencial de fractura: Es moderado a alto, manifestándose no como una desbandada, sino como un quiebre horizontal entre generales con mando de tropa sobre la decisión de negociar una transición institucional o resistir de forma armada.

C. Milicia Bolivariana — Riesgo de anarquía atomizada

 * Motivo de vulnerabilidad: La Milicia carece de cohesión doctrinal profesional y mando unificado efectivo; funciona como un cuerpo paramilitar de movilización política sustentado en la red de asistencia social y entrega de insumos.

 * Potencial de fractura: Es extremadamente alto, pero de carácter asimétrico. Ante la interrupción de las líneas de abastecimiento y mando central, la Milicia no mantendrá una resistencia coordinada. En su lugar, tenderá a la fragmentación inmediata:

   * Desercion masiva de los sectores movilizados por coacción o necesidad socioeconómica.

   * Cooptación de los sectores radicalizados por parte de Colectivos armados o grupos irregulares para el control territorial, aumentando el riesgo de delincuencia organizada dispersa.

2. El Papel de Rusia y China en el Nuevo Escenario Geopolítico

Ante una alteración de esta magnitud en Caracas, tanto Pekín como Moscú ajustarían sus prioridades desde el respaldo diplomático intransigente hacia un pragmatismo de contención de daños y resguardo de activos.



A. China: Prioridad crediticia y pragmatismo económico

 * Protección de acreedores: China ha otorgado miles de millones de dólares en créditos colateralizados con petróleo a Venezuela. Su prioridad fundamental ante una fractura del régimen es asegurar la validez jurídica de sus contratos de servicio y el pago/garantía de la deuda pendiente con exportaciones de crudo.

 * Disposición a la negociación: Históricamente, Pekín mantiene una doctrina de no injerencia y diplomacia flexible. Reconocerá de facto o entablará canales de comunicación con cualquier autoridad transitoria en Venezuela que garantice seguridad jurídica a sus activos energéticos e infraestructura pesada.

 * Enfoque sobre Cuba: Para China, Cuba representa un socio político secundario en lo económico. Aunque otorgará apoyo financiero o ayuda humanitaria puntual, Pekín evitará subsidiar la economía cubana al nivel que lo hacía Caracas.

B. Rusia: Desafío geopolítico y límites de proyección

 * Costo de oportunidad: Con sus recursos diplomáticos, económicos y militares concentrados en el teatro euroasiático y el conflicto en Ucrania, la capacidad de respuesta militar directa de Rusia en el Caribe es sumamente limitada.

 * Postura política vs. Operativa: Moscú mantendrá una retórica de rechazo firme en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, en el plano real, el Kremlin buscará negociar con los actores emergentes o las potencias occidentales para resguardar las participaciones joint-venture de sus petroleras y proteger sus acuerdos de venta de armamento.

 * El factor Cuba: Un corte abrupto del suministro petrolero venezolano hacia La Habana provocaría un colapso energético inmediato en la isla. Rusia utilizará su cercanía histórica con Cuba como una palanca de negociación geopolítica con Occidente, aunque sus propias restricciones financieras le impedirán asumir el rol de proveedor sustituto integral de combustible para el régimen cubano.

3. Implicaciones para la Estabilidad de Cuba

El choque en la cadena de mando venezolana genera un efecto dominó directo sobre La Habana:

 * Crisis Energética Inmediata: La interrupción total del envío de crudo venezolano obligaría a Cuba a depender de compras a precio de mercado internacional sin liquidez suficiente, acelerando el colapso del sistema eléctrico de la isla.

 * Pérdida del Soporte de Inteligencia: El aparato de contrainteligencia cubano incrustado en la FANB perdería su anclaje institucional en Venezuela, obligando al régimen de La Habana a concentrarse exclusivamente en la contención del descontento interno.

 * Dependencia de la Apuesta Multipolar: Cuba buscaría de emergencia el soporte de Beijing y Moscú para evitar un default total, pero ambos aliados condicionarán cualquier paquete de rescate a reformas estructurales o concesiones geopolíticas que vulneran la sostenibilidad del modelo cubano actual.

Conclusión

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Milicia representan los eslabones más frágiles de la FANB ante un colapso repentino del mando central, mientras que el Ejército decidirá el rumbo mediante una fractura entre generales pragmáticos y facciones comprometidas. Paralelamente, Rusia y China priorizarán la defensa de sus deudas, recursos energéticos e influencias diplomáticas por encima de la supervivencia de la cúpula saliente, forzando a Cuba a una encrucijada de supervivencia estructural sin el subsidio petrolero de Caracas.

Un escenario de quiebre o transición en la cúpula del poder en Venezuela detonaría una reconfiguración social profunda. La reacción de las organizaciones sociales, gremios y la ciudadanía general se articularía en varios bloques con motivaciones, temores y demandas marcadamente distintas.

1. Reacción de las Organizaciones Sociales y Fuerzas Populares

A. Movimientos Sociales Antagónicos al Régimen (Gremios, Sindicatos, Redes Comunitarias)

 * Reivindicaciones socioeconómicas y civiles: Para los sindicatos de educadores, trabajadores de la salud y gremios de la administración pública, la caída o remoción del liderazgo oficialista se percibe como una oportunidad para exigir salarios dignos, el cese de los contratos colectivos congelados y la restitución de garantías laborales.

 * Exigencia de amnistía y libertad: Las ONGs de derechos humanos (como Foro Penal o el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) movilizarían de inmediato a la opinión pública para exigir la aplicación efectiva de leyes de amnistía y la liberación inmediata de los presos políticos.

 * Pérdida del miedo e incremento de protestas: Al debilitarse el aparato de contrainteligencia y persecución policial (DGCIM/FAES), se activaría un fenómeno de "pérdida del miedo", traduciéndose en una ola de asambleas de calle, vigilias y movilizaciones sin los habituales niveles de represión coordinada.

B. El Enclave de Base del Chavismo (Comunas y Colectivos)

 * Fragmentación del voto duro: Las estructuras de base chavistas (UBCh, Consejos Comunales) se polarizarían entre:

   * Sectores desilusionados/pragmáticos: Que buscarán adaptarse al nuevo esquema político para mantener beneficios sociales mínimos (servicios, programas de alimentación).

   * Sectores radicalizados (Colectivos armados): Que percibirían el evento como un "golpe imperialista" o traición interna. Estos grupos podrían desplegar focos de resistencia armada local o replegarse para actuar como fuerzas de control territorial clandestino o crimen organizado.

2. La Reacción del Pueblo en General (La Mayoría Ciudadana)

A. Polarización entre Alivio e Incertidumbre

 * Euforia contenida y cautela: Mientras que amplios sectores populares y de clase media reaccionarían con júbilo o alivio tras años de crisis económica y polarización, persistiría un marcado temor a la anarquía, a los enfrentamientos armados en zonas urbanas y a posibles "retribuciones" por parte de grupos irregulares.

 * Prioridad en las necesidades básicas: Para la mayoría del país golpeada por fallas eléctricas, escasez periódica de combustible y pérdida del poder adquisitivo, la prioridad inmediata no sería únicamente la política formal, sino la estabilización de los servicios públicos básicos y la inflación.

B. Impacto en la Diáspora Venezolana

 * Movilización en el extranjero: Las comunidades de venezolanos en el exterior (Colombia, Perú, Chile, EE. UU., España) reaccionarían masivamente con concentraciones para exigir reconocimiento internacional del nuevo escenario y garantías para una transición democrática con elecciones.

 * Expectativas de retorno: Surgiría una fuerte expectativa de repatriación, aunque supeditada a si el nuevo escenario político logra generar estabilidad económica y seguridad jurídica en el corto y mediano plazo.

3. Riesgos y Desafíos Inmediatos en el Tejido Social

 * Riesgo de Anarquía o Venganza Social: En algunas comunidades podría intentarse el ajusticiamiento o saqueo contra figuras locales del partido de gobierno o jefes de cuadrillas señalados de abusos, lo que exigiría a las fuerzas de seguridad transitorias imponer el orden sin incurrir en violaciones de derechos humanos.

 * Cohesión de las Respuestas Vecinales: La ciudadanía tendería a organizarse a nivel de cuadra y vecindario para resguardar zonas residenciales e infraestructura frente al eventual colapso de los servicios de policía local o la acción de colectivos.

 * Exigencia de Elecciones Transparentes: La demanda colectiva principal se canalizaría rápidamente desde la satisfacción por la salida del liderazgo autoritario hacia la exigencia inflexible de un cronograma electoral verificado internacionalmente para evitar que una junta militar o facción autocrática sustituya al régimen saliente.



sábado, 31 de octubre de 2026

La Soberanía es alma nacional


Más allá de la ideología: cuando la soberanía y la humanidad de los pueblos pasan a segundo plano en América

La historia reciente de América Latina y el Caribe suele contarse a través de trincheras ideológicas. Desde las consignas callejeras que polarizan la opinión pública hasta los grandes acuerdos geopolíticos de seguridad, la narrativa dominante se empeña en dividir el mundo entre amigos y enemigos según el origen de la bota o del estetoscopio. Sin embargo, detrás de las etiquetas partidistas y el tablero de ajedrez de las potencias, existe una realidad silenciada: la humanidad de las personas y la verdadera soberanía de las naciones han quedado relegadas a un segundo plano.

Geopolítica, salud y doble rasero: ¿Cómo percibimos la ayuda en América Latina?

En las últimas décadas, el debate sobre la soberanía, la cooperación internacional y la seguridad en el continente americano ha estado marcado por profundas polarizaciones. La imagen que acompaña este artículo expone una crítica directa a una narrativa frecuente en el discurso político regional: la dualidad con la que se juzga la presencia de actores extranjeros según su origen ideológico.

Por un lado, la llegada de profesionales de la salud —como las misiones médicas internacionales— suele ser motivo de álgidos debates políticos. Mientras que sectores sociales y gobiernos los valoran como un refuerzo indispensable para la atención pública en comunidades vulnerables, sectores conservadores o de oposición frecuentemente los catalogan bajo la sospecha de interferencia ideológica o injerencia política.

Por otro lado, la presencia militar o la cooperación en materia de seguridad vinculada a potencias occidentales —en especial a Estados Unidos— genera reacciones divididas. Para amplios sectores políticos, estas alianzas son interpretadas como garantías de estabilidad y defensa democrática; sin embargo, para los movimientos sociales críticos y progresistas, representan formas de subordinación geopolítica e intervención histórica en los asuntos internos de la región.

Hechos concretos para el debate en nuestra región:

  • La salud como derecho vs. la disputa ideológica: Las misiones de médicos y personal sanitario han operado en diversos países de América Latina y el Caribe, enfrentando el reto de equilibrar la emergencia sanitaria con las tensiones diplomáticas de los gobiernos de turno.
  • El peso de la seguridad hemisférica: Los acuerdos de cooperación militar han sido una constante histórica en América, con resultados mixtos en términos de seguridad ciudadana, soberanía y derechos humanos.
  • La polarización ciudadana: El trasfondo de esta discusión refleja cómo la polarización ideológica permea la opinión pública, dividiendo a las sociedades entre quienes desconfían de la cooperación del sur global y quienes justifican la influencia del norte.

El doble rasero de la cooperación: el espejismo ideológico

El debate sobre la ayuda y la presencia extranjera en la región ilustra perfectamente esta distorsión. Como se observa con frecuencia en las calles y en los discursos políticos, la legitimidad de la asistencia internacional no se mide por su impacto humanitario, sino por el color ideológico de quien la emite.

Por un lado, la llegada de misiones de cooperación técnica o profesionales de la salud —como los médicos cubanos— suele ser estigmatizada por sectores conservadores bajo la sospecha automática de una invasión ideológica. Por el otro, la injerencia militar o los pactos de seguridad promovidos por potencias occidentales —en especial Estados Unidos— son justificados por esos mismos sectores como actos de "salvación" o defensa democrática, mientras los movimientos críticos los denuncian como subordinación geopolítica. En ambos casos, el foco se desvía: importa más el dogma que la salud o la dignidad del ciudadano de a pie.

El costo de la militarización: más de dos décadas de deuda social

Este choque de narrativas abstractas tiene consecuencias sumamente concretas sobre el terreno. Un claro ejemplo es la prolongada estrategia de seguridad en países como Colombia. Durante más de veinticinco años —desde la implementación de convenios de asistencia militar y cooperación técnica en el marco de estrategias como el Plan Colombia—, el argumento central ha sido la lucha frontal contra el narcoterrorismo y la criminalidad organizada.

Es necesario por lo tanto aclarar un par de puntos clave sobre la realidad geopolítica e histórica de Colombia:

 * Las bases militares de Estados Unidos en Colombia nunca fueron "cerradas" por el gobierno de Gustavo Petro. La cooperación militar y los convenios de asistencia técnica y de seguridad entre ambos países se han mantenido vigentes a lo largo de las décadas (con matices y variaciones según la administración de turno). De hecho, la presencia de personal y los ejercicios militares conjuntos continúan operando en bases históricas colombianas como la de Tolemaida.

 * No existen bases militares estadounidenses exclusivos o coloniales en territorio colombiano al estilo de Guantánamo; lo que ha existido son acuerdos de cooperación que permiten el uso estratégico y la asesoría en bases militares de las Fuerzas Armadas de Colombia por parte de tropas norteamericanas.

¿Cuánto tiempo llevan operando?

La presencia militar y de cooperación de Estados Unidos enfocada en la asistencia técnica, el entrenamiento y la lucha contra el narcotráfico en Colombia se intensificó notablemente a finales de los años 90 y principios de los 2000 con la implementación del Plan Colombia (firmado en 1999 bajo las administraciones de Andrés Pastrana y Bill Clinton).

Contando desde el despliegue masivo del Plan Colombia hasta la actualidad, esta cooperación militar conjunta acumula más de dos décadas y media (más de 25 años) de asistencia continuada.

¿Solucionaron el problema del narcotráfico?

No, el problema no se solucionó. El narcotráfico y el conflicto armado asociado a este siguen siendo uno de los desafíos más complejos de Colombia y de la región.

Los resultados de estas décadas de estrategia militar conjunta han sido sumamente debatidos:

 * Lo que argumentan sus defensores: La cooperación permitió debilitar de forma histórica a las grandes estructuras de carteles tradicionales de la droga (como los de Medellín y Cali en su momento), abatió o capturó a capos de alta peligrosidad y dotó a las fuerzas colombianas de tecnología, inteligencia y movilidad aérea (helicópteros) sin precedentes.

 * Lo que señalan los críticos y analistas: El problema estructural del narcotráfico demostró ser altamente adaptable. A pesar de la erradicación, la fumigación y la incautación récord de toneladas de cocaína año tras año, los cultivos ilícitos se han mantenido o desplazado a nuevas zonas por el lucrativo negocio de la demanda internacional. El fenómeno mutó hacia nuevas estructuras criminales y disidencias, evidenciando que la militarización por sí sola no erradica las causas socioeconómicas del narcotráfico (como la pobreza rural y la falta de presencia estatal integral).

Los hechos demuestran que la militarización por sí sola no ha solucionado el problema estructural. A pesar de décadas de cooperación militar y asesoría extranjera continuada, las estructuras del narcotráfico han demostrado una enorme capacidad de adaptación, y los cultivos ilícitos persisten arraigados en las fallas históricas del Estado: la pobreza rural, la falta de oportunidades y la ausencia de desarrollo integral. Las bases militares extranjeras y los operativos conjuntos no cerraron las brechas de violencia; simplemente cambiaron de rostro y de geografía, evidenciando que la seguridad militar sin justicia social es un callejón sin salida.

Recuperar la brújula: la humanidad como centro

La lección que nos dejan tanto la polarización callejera como el fracaso de las recetas puramente punitivas es urgente y categórica: la soberanía real no consiste en alinearse ciegamente con un bloque ni en tercerizar la seguridad nacional, sino en anteponer la vida y el bienestar de los pueblos.

Cuando la ideología se convierte en el único lente para interpretar la realidad, los seres humanos se transforman en simples daños colaterales. Es momento de que los pueblos, los gobiernos y las sociedades de América se replanteen la cooperación internacional y las políticas de Estado bajo un principio fundamental: que ninguna doctrina geopolítica ni estrategia militar vale más que la dignidad, la paz y el desarrollo humano de quienes habitan nuestra región.

viernes, 9 de octubre de 2026

Escribir la Historia

 Nos han derrotado?



"Ahora, si... la historia tendrá que contar con los pobres de américa..." 


Hubo un hombre sabio, que hizo esta declaración seis años después de mi nacimiento, sin saber o sospechar que la frase marcaria mi vida y la de casi toda mi generación.

Esa frase, fue parte del discurso "Segunda Declaración de La Habana", un documento histórico leído por el abogado Fidel Castro Ruz en la Plaza de la Revolución José Martí, en La Habana Cuba, el año 1962. Junto con dejar la marca en los jovenes de los años sesenta, fue posicionada como un legado en la cultura americana puesto que esta frase, se popularizó aún más a través de la música... El grupo chileno Quilapayún la incluyó en su canción "Segunda Declaración de La Habana" (1971), compuesta por Isidora Aguirre y Luis Advis, convirtiéndose en un himno de la canción protesta latinoamericana.

La frase completa en su contexto original es:

"Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia."

La tarde del 11 de septiembre de 1973 llegué a nuestra casa familiar cargado con mis libros y las resmas de papel roneo, recuperadas desde la oficina de administracion del Liceo, para usarlas en las proclamas y declaraciones contra el "Golpe de Estado" que iniciaban las fuerzas militares traidoras, que se habían vuelto contra el gobierno del pueblo, asesinando al presidente Constitucional doctor Salvador Allende; y recordando esa frase completa, me puse a escribir en el cuaderno de historia, para "dejar registrada la verdad de lo que está ocurriendo ahora"... frase dicha a mi madre que, entre un nerviosismo histerico, me consultó sobre lo que hice esa mañana...

- Muchos se ván a arrepentir de los horrores que vendrán, con estos cobardes que se han tomado el poder. - vaticiné mientras redactaba las primeras páginas de lo que posteriormente sería la novela "El Soldado De La Jaula de Plata".

Tengo que ser yo, otro de muchos que debemos documentar los hechos que ocurren y ocurrirán, puesto que la historia desde ahora en adelante, será cubierta por la infamia, la mentira y el engaño, de los traidores que están usurpando la democracia para implantar otra visión ideologica de la verdad, una nueva visión que justifique el crimen y la barbarie fascista.


Primero quiero partir con una crítica a la tergiversación histórica de la oligarquía chilena sobre el golpe de Estado de 1973


Post verdad, una herramienta de dominación ideológica


Tesis central

La tergiversación que hace la oligarquía chilena del golpe militar de 1973 consiste, en esencia, en presentar una rebelión militar respaldada por Estados Unidos, que derrocó por la fuerza el orden constitucional, como una "victoria en una guerra civil para salvar al país". Esta tergiversación cumple un doble propósito: en el plano nacional, busca deslegitimar la tradición colectivista de izquierda; en la lucha ideológica internacional, naturaliza el orden neoliberal y lo convierte en la "única forma posible" de organización social. Sin embargo, los archivos desclasificados y los avances de la investigación en ciencias sociales hacen cada vez más difícil sostener este relato.


I. La naturaleza jurídica del golpe: ruptura constitucional, no "guerra civil"


Lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 no fue una guerra en ningún sentido, sino una ruptura constitucional inequívoca. Un estudio académico publicado por Cambridge University Press señala expresamente que las Fuerzas Armadas y los Carabineros de Chile "derrocaron al gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente, tomaron el poder y ejercieron una violenta represión contra la izquierda", y que sus acciones "quebraron sin ambigüedades las normas constitucionales vigentes". Tras el golpe civico militar, la junta de Pinochet y la derecha, se autoproclamó "máximo órgano de dirección de la nación" y creó una junta de gobierno de cuatro miembros, integrada por los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como por el director general de Carabineros. Esta estructura de poder "no tenía precedentes" en la tradición constitucional chilena.

La falsedad del relato de la "guerra civil" reside en que en aquel momento no hubo enfrentamientos entre dos fuerzas armadas organizadas. El día del golpe se bombardeó desde el aire el palacio presidencial, mientras que el propio presidente Allende optó por morir en el cargo. Tras el golpe militar, miles de integrantes de partidos de izquierda tuvieron que buscar asilo en embajadas extranjeras, y la resistencia armada fue "prácticamente nula". Llamar «"guerra"» a esa violencia militar unilateral es una operación ideológica realizada mediante el lenguaje.


II. Cómo se construye el relato oligárquico: de la victoria por la fuerza a la hegemonía cultural


Tras el golpe, la oligarquía chilena puso rápidamente en marcha un proyecto sistemático de reconstrucción del relato. Su lógica central consistió en transformar una superioridad de hecho obtenida por la fuerza, en "legitimidad moral y política". La junta militar de Pinochet afirmó que su objetivo era "reconstruir las instituciones quebrantadas" y, al mismo tiempo, emprendió una campaña integral de estigmatización de todos los símbolos de izquierda: Todo lo relacionado con el gobierno derrocado quedó estigmatizado, sembrando el terror en quienes habían apoyado al gobierno depuesto y a la coalición gobernante de izquierda.

Los estudios de sociología cultural muestran que el "pecado original" de las reformas neoliberales de Chile —esto es, el hecho de que se impusieran por la fuerza durante la dictadura— sigue siendo un contexto fundamental para comprender la formación de la subjetividad social chilena. El mecanismo del relato oligárquico opera así: al definir los acontecimientos de 1973 como una «"guerra"», legitima la represión violenta posterior como una «"preservación del orden de posguerra"» y presenta luego el sistema económico establecido bajo ese orden como "natural" e "inevitable". Cada eslabón de esta cadena depende de ocultar la violencia original.


III. La función ideológica del relato de la "meritocracia competitiva"


El nivel más arraigado del relato oligárquico en la sociedad chilena es la llamada ideología meritocrática. Los estudios indican que las élites económicas chilenas tienden a considerar la meritocracia como "el principal valor que legitima la acumulación de recursos", y suelen atribuir su posición a sus "talentos y habilidades personales". Este relato complementa el de la "victoria en la guerra" de 1973: si el golpe se construye como una necesidad histórica basada en la "supervivencia del más apto", el orden social establecido a partir de él también puede presentarse como el resultado justo de una "competencia basada en las capacidades".

Sin embargo, las experiencias de la población están profundamente tensionadas con este relato. La comprensión de la meritocracia entre las clases trabajadoras chilenas "hace mayor hincapié en el esfuerzo"; el concepto sirve tanto para criticar la desigualdad como para justificar la jerarquía social. La coexistencia de esta contradicción revela precisamente el éxito de la dominación ideológica oligárquica: convierte la desigualdad estructural en una cuestión moral de esfuerzo individual y, con ello, diluye la necesidad de la acción política colectiva. Las formas en que la clase trabajadora chilena experimenta el neoliberalismo —ciclos de endeudamiento, servicios públicos precarios, violencia interpersonal e "interiorización del fracaso"— se despolitizan sistemáticamente.


IV. Ruptura y disputa de la memoria intergeneracional


Una estrategia clave del relato oligárquico es controlar la memoria intergeneracional. Para los chilenos nacidos después de la década de 1980, la historia del golpe suele transmitirse mediante marcos despolitizados: se presenta como algo lejano, "cosa del pasado", o se simplifica como una "victoria del orden sobre el caos". Sin embargo, esta estrategia no es infalible.

Los movimientos sociales chilenos de los últimos años, en particular las protestas estudiantiles de 2011-2013 y el estallido social de 2019, muestran nuevas dinámicas en la disputa por la memoria intergeneracional. Las protestas de octubre de 2019, lideradas por estudiantes, ampliaron rápidamente sus demandas —inicialmente centradas en el alza de las tarifas del transporte— hasta convertirlas en una crítica de los "problemas estructurales profundamente arraigados", entre ellos la "desigualdad abrumadora y la corrupción". Los manifestantes consideraban que la Constitución de 1980 era "un obstáculo para alcanzar sus objetivos", lo que indica que una nueva generación está interpretando de otra manera el marco de la "necesidad del golpe" construido por el relato oligárquico.

La convocatoria de la Convención Constitucional y la entrada de candidatos de izquierda al centro de la política en 2021 indican que la "era de Pinochet" podría estar llegando a su fin. Pero eso no significa que haya desaparecido el relato oligárquico: simplemente se ha visto obligado a trasladarse a un nuevo terreno de disputa.


V. Dimensión geopolítica: los factores externos ocultos


Al narrar los acontecimientos de 1973, el relato oligárquico oculta sistemáticamente una dimensión clave: la intervención directa de Estados Unidos. Un reportaje de investigación de la agencia Xinhua señala expresamente que "Estados Unidos hizo todo lo posible y recurrió a cualquier medio para impedir que Allende asumiera el poder y para derrocar su gobierno". En septiembre de 1970, el presidente Nixon dio personalmente instrucciones a la CIA: "No importa el riesgo… Hay 10 millones de dólares disponibles, y más si hace falta… Hagan que la economía de Chile grite de dolor".

Las operaciones de desestabilización de la CIA se dividieron en "Track I" y "Track II". La primera recurrió a medios diplomáticos, políticos y económicos para obstaculizar el gobierno de Allende. Cuando estos medios no produjeron los resultados esperados, entró en escena la más siniestra “Track II”, cuyo objetivo central era "crear en Chile un clima propicio para un golpe". La CIA incluso tuvo contacto directo con el grupo que asesinó al comandante del Ejército René Schneider y, posteriormente, le pagó 35.000 dólares.

Al presentar el golpe de 1973 como un acontecimiento puramente "interno", el relato oligárquico lo descontextualiza. Esta operación borra de la historiografía la complicidad entre la oligarquía chilena y las fuerzas imperialistas extranjeras, lo que permite que el marco de la «"guerra civil"» parezca coherente en la superficie.

Por lo tanto, de acuerdo a la pregunta inicial, actualmente ¿nos han derrotado?... Sí, fue una derrota ideológica profunda, pero no irreversible. La imposición del relato de la dictadura como "reconstrucción nacional" y la posterior naturalización del modelo neoliberal constituyeron una victoria ideológica de largo plazo para la oligarquía. Sin embargo, las condiciones para revertirla ya están en marcha en el Chile contemporáneo.


 1. Fue una derrota ideológica: la imposición del olvido y el miedo


El golpe no solo destruyó físicamente el proyecto de la Unidad Popular, sino que buscó erradicar su base ideológica mediante el terror y la reingeniería social.

- Desarticulación del tejido intelectual: La dictadura entendió que las universidades eran el "foco principal del cambio social" y actuó en consecuencia. Inmediatamente después del golpe, intervino todas las universidades, quemó libros, clausuró facultades de ciencias sociales, historia y filosofía, y despidió a miles de académicos y estudiantes por sospechas ideológicas . Se estima que cinco mil miembros de la comunidad académica huyeron a México y mil a Francia; una parte del "intelectual colectivo" que regreso, llegó con el nuevo paradigma neoliberal y lo asumieron.

- Estigmatización y "siembra del terror": Todo lo relacionado con el gobierno derrocado fue estigmatizado. Esto "sembró semillas de terror" en quienes habían apoyado a Allende, internalizando la derrota no solo como un hecho militar, sino como una condena moral.

- La ilusión de la inevitabilidad: Se construyó un relato donde el quiebre institucional era "inevitable" debido a la supuesta polarización extrema y el caos económico, ocultando la naturaleza de clase del golpe y la intervención extranjera. Esto sirvió para que las nuevas generaciones, posteriores a los ochenta, asimilaran el orden neoliberal como un "mal menor" o una realidad incuestionable.


 2. ¿Podemos revertirla? Las grietas en el relato oligárquico


La reversión no es un acto de voluntad individual, sino un proceso social que ya muestra signos claros de agotamiento del consenso impuesto. La evidencia indica que la "derrota ideológica" está siendo cuestionada desde las bases.

- El agotamiento del "efecto dominó" y la memoria: Las narrativas históricas no son estáticas. Estudios sobre tres generaciones chilenas muestran cómo el relato del miedo y la pasividad está siendo tensionado por nuevas generaciones que no vivieron el golpe pero que sí viven sus consecuencias materiales (deuda, precariedad, desigualdad).

- El fin de una era y la disputa constitucional: El estallido social de 2019 marcó un punto de quiebre. La demanda de una Nueva Constitución es, en esencia, un intento de enterrar la institucionalidad heredada de Pinochet (la Constitución de 1980). Como señaló la constituyente Bárbara Sepúlveda, "sentimos que estamos al final de una era" . El proceso constituyente es el campo de batalla donde se está intentando revertir jurídica y simbólicamente la derrota de 1973.

- La reivindicación de la vía chilena: A 50 años del golpe, el mundo político volvió a mirar a Allende no como el causante del caos, sino como el mártir de un proyecto de "democracia, pluralismo y libertad" . Conmemoraciones con presidentes latinoamericanos y el reconocimiento del rol de la CIA en el golpe  deslegitiman la versión de "guerra civil" o "vacío de poder" sostenida por la oligarquía.


 3. La "soberanía mental" como eje de la disputa ideológica


El movimiento soberanista identifica explícitamente que la primera batalla es contra la subordinación cultural e ideológica que la oligarquía impuso desde 1973. Marco Villarroel, dirigente del Movimiento Soberanista de Chile, lo formula con precisión: "La primera soberanía que debemos conquistar no es la política ni la económica; es la soberanía mental. 

Tenemos que atrevernos a pensar Chile desde Chile".

Esta formulación responde directamente al diagnóstico de la derrota ideológica: el relato de la dictadura como "reconstrucción nacional" logró que las generaciones posteriores a los ochenta internalizaran el neoliberalismo como horizonte incuestionable. El soberanismo busca romper ese cerco mental, reivindicando la capacidad de pensar un proyecto nacional-popular autónomo, sin las categorías impuestas por el pensamiento único.

El documento programático de la Multipolaridad Soberanista señala que la globalización neoliberal se caracteriza por "la instauración de un pensamiento único y una fuerte uniformización cultural", y que su agotamiento abre una fase histórica de transición donde la disputa ideológica vuelve a ser posible.


 4. Ruptura con el progresismo institucional


El movimiento soberanista no se limita a criticar a la derecha; dirige una crítica igualmente dura al progresismo que administró el modelo neoliberal tras la transición. Jorge Gálvez, dirigente de Izquierda Soberanista y del Partido del Trabajo de Chile, afirma que "el gobierno de Boric se ha alineado abiertamente con los intereses del imperialismo estadounidense", y acusa a los partidos que lo respaldan —desde el PS hasta la mayoría del PC— de haber "renunciado a su histórico posicionamiento popular y antiimperialista".

Esta ruptura es crucial para entender el rol del soberanismo en la reversión de la derrota ideológica. El diagnóstico soberanista sostiene que la Concertación primero, y el Frente Amplio después, no revirtieron el legado estructural de la dictadura, sino que "estabilizaron el patrón de acumulación neoliberal". La candidatura de Boric, según esta lectura, fue una respuesta preventiva para evitar un gobierno que representara genuinamente las demandas del estallido de 2019.


 5. Construcción de poder popular y organización territorial


A diferencia de las corrientes que privilegian exclusivamente la disputa electoral, el soberanismo pone énfasis en la "reconstrucción del movimiento popular" como condición para cualquier transformación real. Gálvez identifica como segundo desafío "la construcción de un potente movimiento social inspirado en esta visión soberanista y clasista", capaz de librar luchas tanto reivindicativas como políticas.

Esta orientación conecta con la tradición del poder popular de la Unidad Popular, aunque adaptada al contexto actual. Los estudios sobre los movimientos sociales en regiones como Magallanes y Aysén muestran que existe un "soberanismo inconsciente" o "pragmático" en amplios sectores de la población: el 83% de los chilenos apoya nacionalizar el cobre, el 97% cree que el agua debe ser un derecho garantizado, y el 82% considera que la privatización de servicios básicos fue un daño. La tarea del soberanismo organizado es convertir esas convicciones dispersas en fuerza política organizada.


 6. Dimensión internacionalista y multipolar


El soberanismo chileno no se concibe como un fenómeno aislado. Su proyecto incluye explícitamente una dimensión internacionalista, buscando "avanzar a nivel continental junto a fuerzas revolucionarias hermanas" para crear una correlación de fuerzas favorable en la región. Esta perspectiva se enmarca en el análisis de la transición de un orden unipolar a uno multipolar, donde el agotamiento de la globalización neoliberal abre espacio para proyectos soberanos.

El documento de Multipolaridad Soberanista identifica señales concretas de ese agotamiento: "crisis sistémicas cada vez más recurrentes", "crisis de legitimidad" que alimenta el ascenso de la extrema derecha, y el "inicio del cuestionamiento práctico del monopolio del dólar" como moneda de intercambio internacional. En este contexto, el soberanismo se posiciona como la corriente capaz de articular una alternativa que no sea ni la sumisión al orden existente ni el retorno a esquemas del siglo XX.


 7. Limitaciones y desafíos


El movimiento soberanista enfrenta obstáculos significativos. Su construcción organizativa es reciente —el Bloque Soberanista se constituyó formalmente en agosto de 2026— y su capacidad electoral aún no ha sido puesta a prueba. Además, la fragmentación de la izquierda chilena representa un desafío permanente: mientras el PC y el Frente Amplio mantienen posiciones más institucionales, el soberanismo busca diferenciarse tanto de ellos como de la derecha.

La tensión entre disputar el terreno electoral sin abandonar la organización social y popular  es un equilibrio difícil de mantener. La historia de la izquierda chilena muestra que la institucionalización tiende a moderar los impulsos transformadores —un riesgo que el propio soberanismo reconoce al criticar la trayectoria de los partidos que llegaron al gobierno.


 

Conclusión


La tergiversación histórica que hace la oligarquía chilena del golpe de 1973 es un proyecto ideológico sistemático. Entre sus métodos figuran presentar la ruptura constitucional como una "guerra civil"; legitimar la violencia militar unilateral como una "restauración del orden"; naturalizar como "necesidad histórica" el sistema económico impuesto durante la dictadura; y vincular la ideología meritocrática con el relato del golpe para disolver la imaginación política colectivista.

Sin embargo, las fisuras de este relato se están ampliando. Los archivos desclasificados revelan la profundidad de la intervención estadounidense; los nuevos movimientos sociales, al poner en el centro de sus críticas la Constitución de 1980, cuestionan en la práctica los cimientos institucionales establecidos por el relato del golpe; y el propio proceso constituyente constituye un voto de rechazo a la legitimidad del relato oligárquico. La tergiversación histórica puede sostenerse durante un tiempo, pero no puede ocultar para siempre un hecho sencillo: lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973 fue la destrucción militar de un gobierno elegido democráticamente, no una guerra en ningún sentido.

La derrota ideológica fue real: logró imponer por décadas el individualismo y el miedo a la organización colectiva. Pero la reversión es posible y está en curso. No se trata de un simple cambio de gobierno, sino de una disputa por la memoria y por el modelo de sociedad. Chile vive hoy una tensión entre el peso de esa herencia autoritaria y la emergencia de un sujeto social que busca romper con el egoísmo impuesto, demostrando que el colectivismo y la búsqueda de justicia social no son parte de un pasado derrotado, sino de un futuro en disputa.

En síntesis, el movimiento de izquierda soberanista constituye el intento más explícito de revertir la derrota ideológica de 1973 desde una posición que rechaza tanto la herencia neoliberal como las limitaciones del progresismo institucional. Su apuesta por la "soberanía mental", la reconstrucción del tejido popular y la articulación internacionalista, ofrece un marco para disputar el sentido común que la oligarquía impuso durante medio siglo. Si logrará traducir ese marco en fuerza social y política capaz de transformar la correlación de fuerzas es la pregunta abierta que definirá el próximo ciclo político chileno.

sábado, 3 de octubre de 2026

El recorte a la igualdad educativa

Computadores para séptimo básico: el recorte que abrió un nuevo frente político para Kast

lunes, 14 de septiembre de 2026

A 53 años de la semilla popular

 A 53 años: la derrota militar no terminó la revolución chilena





El aniversario del golpe de Estado de 1973 vuelve a poner en el centro una pregunta decisiva: ¿fue derrotada la revolución chilena solamente en el terreno militar o también en el campo de las ideas, la organización y la conciencia popular?


El 11 de septiembre de 2026 se cumplen 53 años de la derrota militar de la experiencia revolucionaria chilena iniciada durante el gobierno de la Unidad Popular. Aquel día, las Fuerzas Armadas bombardearon La Moneda, destruyeron la República y el orden democrático para abrir paso a una dictadura que no solo persiguió, encarceló, torturó y asesinó a miles de compatriotas. También emprendió una profunda transformación económica, social y cultural destinada a impedir que las mayorías populares volvieran a disputar el poder.

La derrota militar fue inmediata. La derrota ideológica, en cambio, se construyó durante décadas.


 Una revolución interrumpida


La Unidad Popular no fue simplemente un gobierno reformista. Fue el intento de abrir, por la vía institucional, un camino de transformación social basado en la nacionalización de recursos estratégicos, la expansión de los derechos sociales, la organización popular y la participación de trabajadores, pobladores y campesinos en las decisiones nacionales.

El proyecto enfrentó desde el comienzo la resistencia de la oligarquía chilena, del gran capital y de los intereses imperialistas. El desabastecimiento, el bloqueo financiero, la conspiración interna y la intervención extranjera formaron parte de una estrategia destinada a impedir que la experiencia chilena se consolidara.

El golpe de 1973 no fue, por tanto, un accidente aislado ni una simple reacción frente a la polarización política. Fue una operación de clase para recuperar el control del Estado y reorganizar la sociedad en beneficio de los grupos económicos dominantes.

La dictadura comprendió que no bastaba con eliminar dirigentes y organizaciones. Era necesario cambiar las bases materiales de la vida nacional.


 La derrota ideológica


La privatización de empresas públicas, la mercantilización de la salud y la educación, la destrucción de la organización sindical y la subordinación de la economía al capital financiero modificaron profundamente la estructura del país.

Pero junto con esas transformaciones económicas se impuso una nueva idea de sociedad: el individuo aislado reemplazó al sujeto colectivo; la competencia desplazó a la solidaridad; el consumo pasó a ocupar el lugar de los derechos; y la política fue presentada como una actividad exclusiva de expertos, empresarios y profesionales.

La derrota ideológica consistió en convencer a amplios sectores de que no existía alternativa al orden impuesto. Que la soberanía económica era imposible. Que el Estado debía retirarse. Que los trabajadores solo podían aspirar a negociar las condiciones de su subordinación. Que la organización popular pertenecía al pasado.

La transición posterior a la dictadura no modificó completamente esa estructura. Aunque se recuperaron libertades políticas, buena parte del modelo económico y de las relaciones de poder permaneció intacta. La democracia administró durante años una sociedad marcada por la concentración de la riqueza, la dependencia económica y la precarización de la vida popular.


 El momento político actual


El informe político de septiembre del Partido del Trabajo de Chile caracteriza al actual Gobierno de José Antonio Kast como un proyecto de profundización oligárquica y dependiente. Según esa lectura, su orientación busca reducir la carga tributaria del gran capital, ampliar la participación privada en áreas estratégicas y subordinar la política exterior chilena a los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

Más allá de las valoraciones partidarias, el escenario plantea debates concretos que afectan directamente a trabajadores, pensionados, pobladores y sectores medios empobrecidos: el bajo crecimiento, el costo de la vida, el empleo, la política tributaria, el futuro de Codelco y el transporte público.

La discusión sobre una eventual privatización, total o parcial, de Codelco revela que la propiedad estatal de los recursos estratégicos continúa siendo un campo de disputa. El cobre no es únicamente una empresa rentable. Es una herramienta fundamental para financiar políticas sociales, desarrollar capacidades tecnológicas e industrializar el país.

Lo mismo ocurre con el transporte público. Una red de buses eléctricos y de alto estándar no debe ser evaluada solamente por criterios comerciales. Para millones de personas, un transporte subsidiado significa menor gasto familiar, acceso al trabajo, conexión con los servicios públicos y mejor calidad de vida. Es, en los hechos, una forma de salario indirecto y un derecho social.

En este contexto, la retórica nacionalista de la derecha entra en contradicción con un programa económico dependiente y con una política exterior que, según el informe, privilegia alianzas ideológicas internacionales por sobre una estrategia soberana para Chile.


 La memoria como tarea política


Recordar el 11 de septiembre no consiste únicamente en repetir una fecha ni en rendir homenaje a quienes fueron asesinados, detenidos, exiliados o desaparecidos. La memoria también debe ayudar a comprender las causas de la derrota y las condiciones que permitieron que un proyecto de transformación fuera destruido.

La revolución chilena fue derrotada militarmente porque sus adversarios controlaban fuerzas decisivas del Estado y contaban con apoyo económico, político y estratégico internacional. Pero también sufrió debilidades propias: dificultades para construir una dirección común, fragmentación política, insuficiente organización territorial y una relación incompleta entre las instituciones y la fuerza popular organizada.

Aprender de esa experiencia exige superar tanto la nostalgia como la resignación. No se trata de copiar mecánicamente el pasado, sino de recuperar sus preguntas fundamentales:

- ¿Quién controla los recursos estratégicos?

- ¿Quién decide el destino de la economía?

- ¿Puede existir democracia real sin derechos sociales?

- ¿Qué grado de soberanía tiene un país dependiente?

- ¿Cómo se organiza políticamente la mayoría trabajadora?

- ¿Qué relación debe existir entre la lucha institucional y la movilización popular?


 Una nueva disputa por la soberanía


El momento actual vuelve a colocar la soberanía en el centro del debate. No hay independencia política si las decisiones económicas fundamentales dependen del capital financiero. No hay democracia sustantiva si la mayoría vive endeudada, sin seguridad social y sometida a empleos precarios. No hay desarrollo nacional si Chile continúa exportando materias primas e importando tecnología, conocimiento y productos de alto valor agregado.

La construcción de una alternativa soberana requiere unir demandas concretas y objetivos estratégicos: defensa del salario, protección del empleo, fortalecimiento de la negociación colectiva, propiedad estatal de los recursos fundamentales, transporte público de calidad, salud y educación como derechos, industrialización y una política exterior latinoamericana y multipolar.

También exige reconstruir la confianza en la organización colectiva. El malestar social, por sí solo, no cambia la correlación de fuerzas. Debe convertirse en conciencia, organización y capacidad política.


 La revolución pendiente


A 53 años del golpe, la revolución chilena permanece como una experiencia derrotada, pero no cancelada. Sus instituciones fueron destruidas, sus dirigentes perseguidos y su proyecto histórico interrumpido. Sin embargo, las preguntas que la originaron siguen abiertas.

La desigualdad no desapareció. La dependencia tampoco. El control extranjero sobre áreas estratégicas, la concentración de la riqueza y la subordinación de la política a los grandes intereses económicos continúan siendo problemas centrales.

Por eso, la conmemoración del 11 de septiembre no debe limitarse a mirar hacia atrás. Debe convertirse en una reflexión sobre el presente y en una decisión hacia el futuro.

La derrota militar de 1973 fue real. La derrota ideológica, en cambio, no es definitiva mientras existan trabajadores, pobladores, estudiantes, pequeños productores, profesionales y comunidades dispuestos a organizarse por una sociedad soberana, democrática y justa.

La tarea del presente consiste en recuperar la memoria, reconstruir la unidad popular y transformar la indignación dispersa en fuerza colectiva. Solo así la historia dejará de ser únicamente un recuerdo de la derrota y volverá a convertirse en una fuente de organización y esperanza.


*Artículo elaborado a partir del “Informe político septiembre 2026” del Partido del Trabajo de Chile:* https://partidodeltrabajo.cl/informe-politico-septiembre-2026-partido-del-trabajo-de-chile/


jueves, 6 de agosto de 2026

El espejo Roto de la Democracia

Nicaragua y el espejo roto de la democracia electoral en América Latina: ¿Quién tiene la legitimidad para condenar?



Por: Análisis de prensa regional Extrema Pobreza 

6 de agosto de 2026



La declaración que rompió el espejo


El 19 de julio de 2026, durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente nicaragüense Daniel Ortega declaró las intenciones Sandinistas. Con 80 años y más de dos décadas en el poder, declaró sin ambigüedades que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones liberales" para evitar que la oposición intente "atrapar el poder". 


La reacción no se hizo esperar. Diez países americanos —Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay— condenaron la intención a través de una declaración conjunta de la OEA, calificándola como contraria a los derechos humanos y a los principios de la democracia representativa.  El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria". 


Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional sandinista, Gustavo Eduardo Porras Cortés, matizó que sí habrá elecciones, pero con reformas para impedir que "golpistas" y "vendepatrias" participen en ellas. 


El proyecto real: de la “autocracia electoral” a la “dictadura del proletariado” abierta


La declaración de Ortega no surgió de un improviso. Es la culminación de un proceso, según occidente, de autocratización documentado por organizaciones como Transparencia Electoral y el Grupo de Expertos de la ONU. En palabras del politólogo José Antonio Peraza, exiliado por traición a la patria y autor del libro Así se vota en Nicaragua, el “régimen Sandinistas” ha transitado de una "autocracia electoral" a una "dictadura abierta que gobierna exclusivamente por la fuerza", a pesar que Nicaragua mantiene la correspondiente separación de poderes ejecutivo, legislativos y judicial, que determinan el apego al concepto de régimen Democrático, como en los demás países occidentales. 


Las reformas ya en marcha


El proyecto sandinista incluye varias reformas constitucionales aprobadas a fines de 2024 y ratificadas en enero de 2025:


- Co-presidencia: Rosario Murillo, esposa de Ortega, fue elevada de vicepresidenta a "copresidenta", consolidando el control del Estado. 

- Extensión del mandato presidencial: Se amplió el período presidencial y se pospusieron las elecciones de 2026 a 2027. 

- Control militar: El general Julio César Avilés, fiel a Ortega, inició en 2025 su cuarto mandato consecutivo de seis años, y se anunció una reforma para extender el mandato del director de la policía a siete años. 

- Reclamos de nepotismo: El hijo de la pareja, Laureano Ortega Murillo, está perfilado como candidato político a la presidencia… Hecho que se ha repetido por años en varios países latinoamericanos desde su independencia. 


El método, acusado por occidente: represión y desmantelamiento institucional


Desde 2018, el gobierno ha deslegitimado legalmente más de 5.500 organizaciones opositoras de la sociedad civil —casi el 80% de las existentes—, incluyendo universidades extranjeras, medios de comunicación empresariales, sindicatos cuestionados y entidades religiosas reaccionarias.  En julio de 2026, unos 2.000 abogados fueron despojados de sus licencias, en juicios sumarios, para ejercer la profesión, dejando a miles de nicaragüenses sin acceso a defensa jurídica privada, obligándolos a la utilización de la judicatura legal institucional. 


El Grupo de Expertos de la ONU concluyó que estos excesos, denominados como “abusos del régimen”, constituyen “crímenes contra la humanidad cometidos como política estatal deliberada”. 


El espejo roto: cuestionamientos electorales en la región


La condena internacional a Nicaragua suena a hueco cuando se examina el historial electoral de varios de los países condenatorios y de la región en general. La pregunta incómoda que emerge es: ¿quién tiene la legitimidad moral para condenar al régimen nicaragüense como represivo, dictatorial, de nepotismo o de fraude, cuando los excesos, el fraude —o al menos sus sospechas— es endémico en el hemisferio?


Perú: el fraude que nunca se investigó


En las elecciones presidenciales de junio de 2026, el candidato del campo popular, Roberto Sánchez, denunció un fraude operado principalmente a través de los votos en el extranjero. Según denuncias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales cambió las reglas a dos semanas de la segunda vuelta, ordenando que las actas del exterior se digitalizaran en Perú y no en los centros de votación. 


El conteo rápido de Ipsos —que no había fallado desde el retorno de la democracia salvo en el fraude de Alberto Fujimori en 2000— daba una ventaja de 0,2% a Sánchez. Sin embargo, tras el procesamiento de los votos en el exterior —donde el 76% (unos 55.000 votos) favoreció a la ultraderechista Keiko Fujimori—, esta remontó la diferencia.  El canciller peruano, Carlos Pareja, vinculado al fujimorismo, asumió el cargo tras la primera vuelta. 


Bolivia: la OEA y el fraude que nunca existió


Las elecciones bolivianas de 2019 representan uno de los episodios más oscuros de la historia electoral latinoamericana. La OEA, liderada por Luis Almagro, denunció un "fraude" que, según investigaciones del CEPR y del MIT, nunca existió. Investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT concluyeron que "no podemos encontrar resultados que conduzcan a la misma conclusión que la OEA". 


La narrativa de fraude promovida por la OEA contribuyó a la renuncia forzada de Evo Morales, a su exilio y a la instalación de un gobierno de facto que desplegó represión violenta.  El informe final de la OEA no proporcionó evidencia de que las irregularidades alteraran el resultado de la elección. 


Ecuador: fraude estructural bajo estado de excepción


En abril de 2025, Daniel Noboa fue reelegido en un proceso que múltiples organizaciones denunciaron como "fraude estructural". La Asociación Americana de Juristas concluyó que los comicios deben considerarse como un proceso "estructuralmente fraudulento" debido al uso indebido del poder ejecutivo, violaciones constitucionales y la concentración del poder. 


Entre las irregularidades documentadas: Noboa nunca pidió licencia para ser candidato pese a la prohibición constitucional; la vicepresidenta Verónica Abad fue suspendida; se decretó estado de excepción en nueve provincias días antes de la segunda vuelta; se impidió fotografiar las papeletas; y se documentaron actas sin firmas que favorecían exclusivamente a Noboa. 


A pesar de esto, la Unión Europea y la OEA no identificaron "irregularidades sistemáticas", lo que generó un contraste llamativo entre las narrativas internacionales y las denuncias del campo popular. 


El Salvador: el "descarado fraude" de Bukele


En febrero de 2024, Nayib Bukele se reeligió en un proceso plagado de irregularidades. La plataforma de resultados preliminares se bloqueó con solo el 70% de votos presidenciales y el 5% legislativos contabilizados.  La oposición documentó 69 "anomalías", incluyendo duplicación y triplicación de votos a favor de Nuevas Ideas, papeletas abandonadas y sellos rotos. 


Cinco magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral se desvincularon públicamente del proceso, afirmando que se llevaron a cabo acciones lejanas a la "forma legal" de dirigir elecciones.  A pesar de todo, Bukele obtuvo el 82,66% de los votos y su partido logró la mayoría calificada en el Congreso.


Colombia: el fantasma del software israelí


La elección presidencial colombiana de 2026 ha generado una de las crisis de transición más graves de las últimas décadas. El presidente saliente Gustavo Petro denunció un "fraude algorítmico" operado desde el extranjero por la firma de inteligencia israelí Black Cube, que —según Petro— "suministró algoritmos viciados" a los hermanos Bautista, accionistas mayoritarios de Thomas Greg & Sons, empresa encargada del software de escrutinio. 


Black Cube, conocida como el "Mossad privado" y fundada por exoficiales de inteligencia israelíes, ha estado involucrada en operaciones de injerencia política en Eslovenia, Hungría, Estados Unidos y Chipre.  Petro afirmó que la manipulación se realizó desde un servidor en Los Ángeles, sustituyendo registros de ciudadanos que no votaron por sufragios irregulares. 


Sin embargo, un informe técnico de inteligencia del propio gobierno de Petro concluyó que el hacker citado como testigo estrella "no entregó nada" en cuanto a evidencia.  El Centro Carter, la OEA e incluso el candidato de Petro, Iván Cepeda, no encontraron irregularidades sistémicas. 


El factor tecnológico: ¿quién controla el voto?


El caso colombiano pone sobre la mesa una preocupación creciente en la región: la vulnerabilidad de los sistemas electorales frente a la interferencia tecnológica extranjera. La firma Black Cube no es la única empresa israelí que ha operado en la región. La proliferación de software de escrutinio contratado a empresas privadas —con frecuencia opacas y con vínculos con gobiernos extranjeros— ha convertido los procesos electorales en terreno fértil para la desconfianza.


En Colombia, Thomas Greg & Sons ha sido el proveedor histórico del software electoral. En Ecuador, el CNE utilizó sistemas que fueron cuestionados por la oposición. En El Salvador, los fallos tecnológicos masivos durante el escrutinio de 2024 alimentaron las sospechas. 


La pregunta no es solo si existió fraude, sino si los sistemas electorales latinoamericanos están diseñados para ser transparentes y verificables. Cuando el software de escrutinio es propiedad privada, cuando los códigos fuente no son auditables públicamente, y cuando las empresas proveedoras tienen vínculos con actores geopolíticos externos, la confianza democrática se erosiona —independientemente de quién gane.


La hipocresía democrática: condenar al espejo


El caso de Nicaragua es extremo: Ortega ya no finge. Pero la región enfrenta una crisis de legitimidad más profunda. ¿Cómo condenar a Managua cuando en Quito un presidente se reelige bajo estado de excepción militar? ¿Cómo exigir elecciones libres en Nicaragua cuando en San Salvador el Tribunal Electoral se desmorona ante la mirada de la OEA? ¿Cómo criticar la falta de pluralismo en Managua cuando en Lima los votos del exterior deciden elecciones bajo sospecha?


La respuesta de la comunidad internacional ha sido selectiva. Mientras Ortega es condenado por diez países, Noboa es reconocido por la Unión Europea; mientras el fraude en Nicaragua es evidente, el fraude en Bolivia de 2019 fue inventado por la OEA misma. Esta selectividad alimenta la narrativa —tanto de la izquierda como de la derecha— de que la democracia es un arma geopolítica, no un principio universal.


Conclusión: más allá de la condena


El proyecto sandinista es claro: consolidar una autocracia que ya no necesita ni la apariencia de legitimidad electoral, ni del falso pluralismo Democratico. Ortega ha dicho abiertamente lo que otros gobernantes de la región hacen con más sutileza: usar el aparato estatal para perpetuarse en el poder.


Pero la lección de Nicaragua no puede leerse en aislamiento. La región entera padece de una crisis de institucionalidad electoral donde la tecnología opaca, la represión selectiva, la judicialización de la política y la interferencia extranjera han convertido las elecciones en batallas de legitimidad, no en expresiones de soberanía popular.


Hasta que América Latina no desarrolle sistemas electorales verdaderamente transparentes, auditables y protegidos de injerencias externas —sean de software israelí, de financiamiento estadounidense o de manipulación institucional—, la condena a Nicaragua seguirá siendo, ante los ojos de millones de ciudadanos, una condena al espejo.


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Fuentes consultadas: CNN Español, CIVICUS, Transparencia Electoral, Telemundo 51, CEPR/MIT, Avispa.org, Bloque Latinoamericano Berlín, Jacobin Latinoamérica, France24, WOLA, Model Diplomat/El País, Orinoco Tribune, NBC News, ColombiaCheck, entre otros.