-– Santiago de Chile –
10 de mayo de 2026
En la comuna de La Pintana, en la periferia sur de Santiago, 350 familias enfrentan un desalojo anunciado. Las “viviendas” que habitan, construcciones de apenas 12 metros cuadrados entregadas por el Estado en los años 90, han sido declaradas inhabitables y serán demolidas. La noticia, presentada por los medios como un reordenamiento urbano necesario, es en realidad la fotografía más reciente de una herida histórica no cerrada: la construcción de una ciudad segregada, diseñada bajo dictadura, consolidada por gobiernos democráticos mediante instrumentos legales como el DFL 2, y ejecutada sistemáticamente sin la participación de los pobladores.
La herencia de ladrillo y sangre: La Pintana como territorio de erradicación
Para entender las actuales demoliciones, es imprescindible viajar a los orígenes de La Pintana como comuna masiva.
Creada oficialmente como comuna el 9 de marzo de 1981 por un decreto en plena dictadura de Augusto Pinochet, su primer alcalde fue un coronel del Ejército nombrado directamente por el dictador. Sin embargo, antes de ese decreto, el territorio ya estaba siendo transformado por una de las políticas más brutales del régimen: la erradicación de campamentos.
Entre 1979 y 1984, la dictadura militar implementó una política sistemática de desplazamiento forzado que re-localizó a cerca de 172.000 personas dentro del Gran Santiago.
El objetivo era claro: "limpiar" las comunas del sector norte y oriente (terrenos valorizables para el negocio inmobiliario) y confinar a los pobres en la periferia sur. La Pintana fue la mayor receptora neta de este proceso.
Mientras en 1982 tenía 73.730 habitantes, en 1988 ya albergaba a 166.551.
Este crecimiento explosivo no fue producto de la migración voluntaria, sino de una "operación sincronizada" de desplazamiento.
Testimonios de la época relatan cómo campamentos como "El Esfuerzo", ubicados a orillas del río Mapocho, fueron desarmados por la fuerza pública y sus habitantes "botados" en sectores como El Castillo, en La Pintana.
Como explica un dirigente social de la época, "los sacaron del barrio alto y los vinieron a botar acá. Es una comuna dormitorio, el obrero llega a dormir no más" (SIC).
El artículo publicado en 1996 por Ignacio Irarrázaval en El País, aunque elogia el "esfuerzo individual" de los pobladores por mejorar sus casas, admite la coactividad: "En los casos en que los pobladores se negaron a partir fueron conminados por la fuerza pública".
Esa "mejora" de la que habla el estudio—ampliaciones precarias hechas con los años—es exactamente lo que hoy se considera inhabitables y que genera las demoliciones actuales. La promesa era un punto de partida; la realidad fue un abandono estatal tras la relocalización forzada.
El DFL 2: La máscara fiscal de la segregación
Mientras la dictadura movía personas, también perfeccionaba las herramientas legales para que el mercado hiciera el resto. El Decreto con Fuerza de Ley N° 2, aunque fue creado originalmente en 1959, fue el vehículo perfecto para la política de vivienda neoliberal.
Originalmente concebido como un incentivo para la construcción de viviendas económicas mediante beneficios tributarios (menos impuestos a cambio de límites de metros cuadrados y precios), el DFL 2 se convirtió en la espina dorsal del modelo de subsidio a la demanda bajo la dictadura.
La lógica era perversamente simple y efectiva: el Estado dejaba de construir vivienda pública, traspasaba recursos a privados mediante subsidios, y utilizaba el DFL 2 para asegurar que esos privados construyeran barrios completos pero con estándares mínimos.
Como resultado, se consolidó la "vivienda social" como sinónimo de pequeñez y localización periférica.
La ley establecía originalmente límites de construcción nunca pensados para la dignidad, sino para el ahorro fiscal y la ganancia privada.
Si el DFL 2 fue el instrumento, las modificaciones posteriores en dictadura aseguraron que el suelo dejara de ser un bien público. Se eliminó el límite urbano en 1979, permitiendo que la ciudad creciera un 160% sobre terrenos baratos y planos en la periferia, donde se arrojaron estas familias.
La transición y la continuidad de la deuda
Con el retorno de la democracia en 1990, se esperaba una corrección de rumbo. Sin embargo, la política de vivienda mantuvo la misma matriz neoliberal.
El slogan "que la casa crezca" se instaló en el imaginario: el Estado entregaba una "base" diminuta (a veces de 10 o 12 metros cuadrados, como las de La Pintana) y la familia debía ampliarla con su propio esfuerzo.
Durante los gobiernos de la Concertación y posteriores, el DFL 2 no solo se mantuvo, sino que se actualizó en beneficio del mercado. Las viviendas acogidas a este decreto (con tope de 140 m² y luego ajustado) siguieron disfrutando de exenciones tributarias. Sin embargo, en lugar de fiscalizar a los privados por la calidad de la construcción, el Estado se limitó a gestionar el subsidio.
En el escenario actual (2025-2026), el debate sobre el DFL 2 no gira en torno a reparar la deuda social o mejorar las viviendas existentes.
El gobierno entrante (liderado por José Antonio Kast) discute ampliar el DFL 2 para que las personas puedan tener "tres o más propiedades" acogidas al beneficio, reduciendo el límite de metros cuadrados a 90 m² y aplicando un impuesto único del 5% a los arriendos. Es decir, la discusión política actual se centra en reactivar el mercado inmobiliario y simplificar la tributación de los arrendadores, no en resolver la vida de las 350 familias de La Pintana que viven en el equivalente a una habitación.
El derecho pisoteado y la ausencia perpetua de voz
El hilo conductor que une la erradicación de los 80 con las demoliciones de hoy es la nula participación de los pobladores en las decisiones sobre su hábitat.
En dictadura, la decisión fue unilateral y violenta: "sacar a los rotos del centro". Los pobladores eran objetos de una ingeniería social urbana, no sujetos de derecho. La creación de La Pintana misma fue un acto administrativo de escritorio para concentrar la pobreza.
Hoy, la situación se repite con ropaje técnico. Las viviendas de 12 metros cuadrados son declaradas "inhabitables" por peritos. La solución es la demolición. ¿Dónde están las mesas de trabajo con esas 350 familias? ¿Dónde la opción de reconstrucción en sitio?
La respuesta es la misma de siempre: no existen. La política habitacional chilena sigue siendo eminentemente "entreguista" y "desplazadora". Se entrega una llave para irse a otro lado, o se demuele para construir "nuevas", raramente consultando el arraigo de quienes llevan 30 años construyendo su vida en ese territorio.
La Ley de Vivienda Digna no es solo un techo. El derecho a la vivienda digna implica calidad, ubicación, y participación.
En Chile, la urgencia cuantitativa de terminar con los campamentos siempre ha servido de excusa para la precariedad cualitativa.
Que una familia haya recibido una letrina y cuatro paredes de 10 m² en los 90 no era una solución, era una condena a la perpetuación de la pobreza y al hacinamiento, que hoy se pretende borrar con una retroexcavadora.
Como conclusión, la demolición de las viviendas en La Pintana no es un accidente, sino el capítulo final de un ciclo perverso: erradicación forzada en dictadura - asignación de micro-lotes con promesas vacías - abandono estatal durante décadas - declaración de inhabitabilidad - nueva erradicación.
Mientras tanto, el DFL 2—ese mismo paraguas legal que permitió la especulación y la construcción en masa de "cajas de fósforos"—es reformado hoy para darle más beneficios a los propietarios de múltiples inmuebles, en lugar de ser utilizado para financiar la recuperación de los barrios que el propio Estado condenó a la pobreza.
Los 350 familias de La Pintana no son un caso aislado. Son el rostro de un Estado que, durante casi 50 años, ha administrado la miseria en lugar de erradicar la desigualdad urbana. Mientras no exista una política de reparación histórica con participación popular real, las "demoliciones" seguirán siendo el destino de quienes fueron arrojados a la periferia para no volver a ser vistos.
Gustavo Paredes Villagra
Diplomado en Gestión y Participación Local
(Universidad de la República
Planificador Vecinal
(Programa Urbano Jundep 1989)
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